El 77% de los argentinos está a favor de limitar la compra de tierras a extranjeros

De cara a la sesión del próximo jueves 6 de agosto, cuando el Senado tiene previsto reanudar el tratamiento y votar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una encuesta nacional de la consultora de Zuban Córdoba y Asociados reveló que  una amplia mayoría de los argentinos rechaza la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. La propuesta gubernamental comenzó a debatirse en la Cámara alta el 16 de julio, pero el oficialismo no consiguió los votos necesarios para avanzar con el tratamiento. 

El estudio mostró que el 77% de los consultados considera que deben mantenerse restricciones para la adquisición de campos por parte de extranjeros, mientras que el 16,7% sostuvo que no deberían existir limitaciones y el 6,3% respondió que no sabía o prefirió no contestar. Los resultados fueron difundidos en medio de un intenso debate político por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Javier Milei, que introduce profundas modificaciones al régimen vigente sobre la titularidad de tierras rurales. 

La investigación fue realizada entre el 16 y el 18 de julio sobre una muestra nacional de 1.400 casos, con un margen de error de ±2,62% y un nivel de confianza del 95%. La consultora incorporó la pregunta para medir el posicionamiento ciudadano frente a la flexibilización del régimen establecido por la Ley 26.737 que fijó límites a la cantidad de tierras rurales que pueden quedar en manos de extranjeros y estableció restricciones para zonas consideradas estratégicas o de seguridad de frontera, uno de los aspectos más controvertidos del proyecto oficial.

La difusión del sondeo coincidió con el avance parlamentario de la iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo, que integra un paquete de reformas orientadas, según el oficialismo, a fortalecer el derecho de propiedad, brindar mayor seguridad jurídica y atraer inversiones privadas. El proyecto modifica aspectos centrales de la legislación vigente y abrió una fuerte discusión política acerca de la conveniencia de flexibilizar las condiciones para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, un tema históricamente atravesado por debates sobre soberanía, recursos naturales y desarrollo productivo. 

La encuesta de Zuban Córdoba mostró que la posición predominante de la opinión pública se ubica en sentido contrario a esa flexibilización. De acuerdo con el estudio, casi ocho de cada diez argentinos consideran que el Estado debe conservar herramientas para limitar la compra de tierras por parte de extranjeros, un resultado que atravesó distintos segmentos sociales y volvió a instalar la discusión sobre el carácter estratégico del territorio nacional y el control de recursos como el agua, los minerales y las zonas de frontera. 

Las críticas más contundentes al proyecto llegaron desde sectores de la oposición. Uno de los principales pronunciamientos públicos fue el del ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, quien cuestionó la iniciativa al afirmar: "El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada propuesto por el Gobierno nacional es la habilitación a la compra indiscriminada de suelo, sin generar inversión ni empleo: lo que realmente está en juego es el control de nuestros recursos estratégicos". En la misma línea sostuvo: "Frente a esta iniciativa que atenta contra los límites de extranjerización, desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la soberanía no se negocia ni se entrega". 

Las declaraciones sintetizaron uno de los principales argumentos de quienes rechazan la reforma: que la eliminación o flexibilización de los límites establecidos hace quince años podría favorecer procesos de concentración de la propiedad rural en manos de grandes capitales internacionales, especialmente en regiones con recursos naturales estratégicos, reservas de agua dulce o capacidad productiva de alto valor. Diversas organizaciones políticas y sociales preparan una marcha para el 6 de agosto en las inmediaciones del Congreso reclamando que la ley no sea votada afirmativamente.