Lebbos apeló las absoluciones de Soto y Kaleñuk y denunció una estructura de impunidad

“Desde hace 20 años se pone en duda mi derecho a conocer la verdad. Una verdad que permanece oculta detrás de un entramado de oscuridad procesal sostenido por tres pilares: el judicial, el policial y el político”. Con estas palabras, Alberto Lebbos presentó un recurso de casación contra la sentencia que absolvió por unanimidad a César Soto, señalado como presunto autor material del crimen de Paulina Lebbos, y a Sergio Kaleñuk, acusado de encubrimiento.

Tras dos décadas de reclamos públicos y de cuestionamientos a las irregularidades registradas durante la investigación, el padre de la joven asesinada decidió acudir al máximo tribunal provincial. Con el patrocinio del abogado Juan Emilio Abraham Musi, la presentación judicial cuestiona los fundamentos del fallo emitido por la Sala III y denuncia una sistemática exclusión de la familia de la víctima del proceso penal.

En su planteo, Lebbos sostiene que durante años se le impidió participar activamente en la causa, pese a sus reiterados pedidos para acceder a la información y ser reconocido como querellante. Según argumenta, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público Fiscal omitieron garantizarle ese derecho, situación que considera una forma de violencia institucional. Por ello, rechaza que el tribunal haya utilizado la ausencia de una querella formal como fundamento para descartar una eventual condena.

La presentación repasa además el extenso recorrido judicial iniciado tras la desaparición de Paulina Lebbos, ocurrida el 26 de febrero de 2006, y el hallazgo de su cuerpo quince días después en la ruta 341, a la altura de Tapia. Aunque en causas anteriores fueron condenados nueve ex funcionarios y policías por maniobras de encubrimiento, este último juicio buscaba determinar las responsabilidades directas en el homicidio.

Sin embargo, el debate concluyó el pasado 6 de mayo con la absolución de Soto por insuficiencia probatoria y la desvinculación de Kaleñuk luego de que el fiscal Carlos Sale retirara la acusación en su contra.

Pedido de nulidad

Uno de los ejes centrales del recurso apunta contra la situación procesal de Sergio Kaleñuk. La querella solicita la nulidad absoluta de todo lo actuado desde la elevación a juicio, al considerar que el desistimiento fiscal careció de fundamentos sólidos y se apoyó en una valoración incompleta de las pruebas.

El escrito sostiene que la exclusión de la familia Lebbos de distintas actuaciones vinculadas al caso constituye una manifestación de violencia institucional y forma parte de un patrón destinado a obstaculizar el acceso a la verdad y a la justicia. En ese contexto, cuestiona que los jueces hayan considerado suficiente la ausencia de acusación fiscal para dictar la absolución.

La apelación también reconstruye los movimientos de distintos sospechosos durante la madrugada en que ocurrió el crimen. Según la hipótesis de la querella, registros de telefonía celular ubican a Kaleñuk, al chofer de la Gobernación Daniel Paz y a la propia víctima en una misma zona geográfica durante momentos clave de la investigación.

Además, los abogados cuestionan la versión de Kaleñuk respecto de que permaneció toda la mañana trabajando en el Club Central Córdoba. Según la presentación, los datos de telefonía demostrarían desplazamientos incompatibles con esa coartada y contradicciones respecto de las comunicaciones mantenidas con autoridades policiales de la época.

Para reforzar su posición, la querella introduce el concepto de autoría mediata en aparatos organizados de poder, una teoría jurídica que atribuye responsabilidad a quienes, desde posiciones de poder, pueden activar estructuras institucionales para ejecutar o encubrir delitos. Bajo ese razonamiento, se sostiene que Kaleñuk habría tenido capacidad para influir en mecanismos burocráticos y policiales destinados a desviar la investigación.

Reclamo de condena para Soto

Respecto de César Soto, la presentación exige que se revoque la absolución y se dicte una condena efectiva. La querella sostiene que durante el juicio surgieron elementos indiciarios suficientes para acreditar su responsabilidad.

Entre las pruebas valoradas se destacan los testimonios de familiares de Paulina, quienes describieron una relación marcada por episodios de violencia, control y maltrato. Según el recurso, esos antecedentes permiten contextualizar el hecho investigado dentro de un patrón de agresiones previas.

Finalmente, Lebbos y Musi cuestionan los fundamentos del fallo de la Sala III, al que acusan de analizar las pruebas de manera fragmentada y sin incorporar una adecuada perspectiva de género. También sostienen que la resolución favorece la impunidad de quienes ocuparon cargos de poder al momento de los hechos.

En el petitorio, la querella solicita la imposición de prisión perpetua para Soto y una pena de seis años de cárcel para Kaleñuk por encubrimiento agravado. Asimismo, dejó planteada la reserva del caso federal para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, eventualmente, ante organismos internacionales, con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad y la justicia en uno de los casos más emblemáticos de Tucumán.