El daño al alumbrado público se convirtió en un costoso problema para el municipio

La frase “una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia” suele utilizarse para hablar de higiene urbana y de la responsabilidad de los ciudadanos en el cuidado de los espacios comunes. Pero ese principio también puede trasladarse a la preservación del patrimonio público. Luminarias, cestos de residuos, plantas y flores, bancos, juegos infantiles, bebederos, paradas de colectivos, pantallas LED y tótems solares, entre otros elementos, forman parte de una infraestructura que está expuesta de manera permanente a hechos de vandalismo.

En sus diferentes modalidades, como robos, destrucción, sabotajes y conexiones clandestinas, el vandalismo representa uno de los gastos más importantes que debe afrontar la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

El impacto queda reflejado en las cifras. Sólo en materia de alumbrado público, durante los últimos 14 meses fueron afectadas 433 luminarias, entre abril de 2025 y junio de 2026. La cifra representa una parte del universo de 48.978 luminarias existentes en la ciudad, de las cuales 43.665 son LED.

El subsecretario de Gestión Estratégica y Documentación del municipio, Humberto Ponce de León, reconoció que el deterioro intencional del mobiliario urbano constituye uno de los principales problemas que enfrenta la Capital y, al mismo tiempo, uno de los más difíciles de erradicar.

El funcionario vinculó esta situación con una falta de conciencia sobre el cuidado de los bienes comunes y admitió que uno de los principales desafíos es fortalecer el sentido de pertenencia respecto de “la cosa pública”.

Entre los episodios que mencionó aparecen situaciones llamativas. Una de ellas es el robo de cestos de basura, incluso de aquellos colocados recientemente en plazas nuevas o remodeladas. Según explicó, algunos terminan siendo reutilizados para fabricar parrillas, de manera similar a las que se construyen con tambores metálicos de 200 litros.

El alumbrado, uno de los principales blancos

Un informe técnico elaborado por la Dirección de Gerencia de Datos, área que depende de la Subsecretaría de Gestión Estratégica y Documentación, permitió dimensionar el impacto del vandalismo específicamente sobre la red de alumbrado público.

El documento advierte que los ataques contra esta infraestructura constituyen un problema de alta complejidad para el municipio, tanto desde el punto de vista económico como operativo y de seguridad. La destrucción deliberada de luminarias y el retiro de cables no sólo provoca pérdidas materiales, sino que también genera sectores sin iluminación que pueden afectar la seguridad de los vecinos y la circulación vehicular.

Dentro de las 433 intervenciones registradas, la mayor proporción corresponde a las propias luminarias. Con 246 casos, equivalentes al 56,8% del total, encabezan el listado los artefactos sustraídos, las lámparas destruidas mediante golpes y el robo de drivers.

En segundo lugar aparece el cableado, con 57 casos (13,2%), mientras que los daños en columnas alcanzaron 50 episodios (11,5%).

Aunque las luminarias concentran la mayor cantidad de hechos, desde el municipio remarcan que el robo de cables y los daños en columnas generan consecuencias económicas y operativas especialmente importantes. En estos casos, las cuadrillas deben reemplazar extensos tramos de conductores de cobre o reparar componentes de las instalaciones para restablecer el servicio.

Robos que se repiten después de las reparaciones

El informe municipal también registra episodios en los que los elementos reparados vuelven a ser atacados pocos días después.

Uno de los casos ocurrió en el Barrio 130 Viviendas, donde los cables fueron sustraídos apenas tres semanas después de haber sido repuestos. En la Plaza Ciudadela, en tanto, fueron vandalizadas dos columnas y los conductores subterráneos fueron cortados al ras.

Una situación similar se registró en la plaza del Barrio Roselló, donde fueron destruidas 10 columnas bajas con farolas tipo globo y se sustrajeron cuatro reflectores de 200 watts instalados en torres generales.

De acuerdo con el relevamiento, los espacios verdes son especialmente vulnerables porque los ataques pueden afectar simultáneamente distintos componentes de la instalación y dejar inutilizados circuitos completos de alimentación subterránea.

El robo de cables y un mercado informal

El fenómeno no se limita a la destrucción de artefactos. El municipio también detectó la existencia de un circuito informal vinculado con las luminarias LED, además de hechos de sabotaje y conexiones eléctricas clandestinas.

Entre los casos relevados aparecen manipulaciones violentas de tableros, buzones de control y otros dispositivos, algunas de las cuales estarían vinculadas con fraudes en el suministro eléctrico.

Uno de los episodios fue detectado en la zona de avenida Alem y Bolívar, donde se desmanteló una conexión ilegal de gran magnitud que había sido instalada de manera precaria por vendedores ambulantes. La instalación estaba conectada a un buzón correspondiente a los semáforos.

Qué muestran las cifras

El relevamiento oficial permite observar cómo se distribuyeron los 433 casos de vandalismo registrados entre abril de 2025 y junio de 2026:

• Luminarias: 246 casos (56,8%). Incluye sustracción de artefactos, roturas por impactos y robo de drivers.

• Cableado: 57 casos (13,2%). Comprende robos y cortes de conductores de cobre, tanto aéreos como subterráneos.

• Columnas: 50 casos (11,5%). Se detectó la apertura violenta de ventanas de inspección para extraer borneras internas.

• Zonas: 45 casos (10,4%). Corresponden a apagones generales que afectan cuadras completas o circuitos troncales.

• Varios: 11 casos (2,5%). Incluye daños mixtos y remoción de derivaciones clandestinas.

• Cajas y gabinetes: 9 casos (2,1%). Se trata de sabotajes en tableros, buzones y llaves térmicas.

• Postes: 9 casos (2,1%). Incluye daños estructurales en soportes de madera y pescantes.

• Plazas: 2 casos (0,5%). Corresponden a la destrucción de farolas bajas, globos y cableado interno.

• Tapas de borneras: 3 casos (0,7%). Se registró la sustracción de cubiertas protectoras, dejando instalaciones eléctricas expuestas.

• Obras: 1 caso (0,2%). Se trata de una destrucción estructural total catalogada formalmente como obra nueva.

El resultado final es contundente: 433 intervenciones vinculadas con hechos de vandalismo sobre el alumbrado público en apenas 14 meses. Para el municipio, el problema excede el costo de reparar o reponer una luminaria: cada ataque implica recursos, horas de trabajo y, en determinados casos, la necesidad de reconstruir tramos completos de una infraestructura que resulta fundamental para la seguridad y el funcionamiento de la ciudad.