En medio de las recientes actualizaciones tarifarias en el transporte público y el servicio de taxis, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán resolvió dejar sin efecto la Ordenanza N.º 4.758/15, la norma que sirvió de sustento legal para la implementación del sistema de estacionamiento medido que durante años estuvo envuelto en una extensa controversia judicial.
La ordenanza había sido aprobada en abril de 2015, durante los últimos meses de la gestión del entonces intendente Domingo Amaya, y establecía las bases para la licitación y adjudicación del servicio. Sin embargo, tras los cuestionamientos judiciales que derivaron en la nulidad del contrato de concesión, los concejales consideraron que el marco normativo había quedado desactualizado y carecía de vigencia práctica.
El presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito, José María Franco, sostuvo que la decisión responde tanto a las irregularidades detectadas en el proceso original como a la necesidad de actualizar herramientas tecnológicas. Según explicó, el modelo diseñado hace más de una década contemplaba sistemas que hoy resultan obsoletos, como parquímetros físicos y mecanismos de pago mediante mensajes de texto.
Con la derogación aprobada, el cuerpo legislativo busca sentar las bases para un nuevo esquema de estacionamiento que incorpore tecnologías actuales y contribuya a ordenar la circulación vehicular. Para ello, se analizarán experiencias implementadas en otras ciudades del país con resultados positivos en materia de movilidad urbana.
La decisión política llega después de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán confirmara de manera definitiva la nulidad del contrato adjudicado a Tecno Agro Vial UTE para explotar el sistema de estacionamiento medido.
Mediante una resolución firmada por los vocales Daniel Leiva, Claudia Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos, el máximo tribunal rechazó el recurso presentado por la empresa y ratificó las sentencias previas que habían declarado inválida la concesión.
Entre los principales argumentos, la Corte señaló que el procedimiento licitatorio presentaba irregularidades desde su origen. Por un lado, determinó que una de las firmas integrantes de la unión transitoria de empresas se encontraba bajo concurso preventivo al momento de participar de la licitación, una situación expresamente prohibida por el pliego de condiciones.
Además, los magistrados cuestionaron la distribución económica prevista en el contrato. El acuerdo establecía que la empresa concesionaria percibiría el 85% de los ingresos generados por el estacionamiento, mientras que el municipio recibiría apenas el 15%. Para la Justicia, esa relación carecía de fundamentos técnicos que justificaran semejante diferencia y evidenciaba una falta de razonabilidad y transparencia en la administración de recursos públicos.
Con la situación judicial ya resuelta, la gestión encabezada por la intendenta Rossana Chahla avanza en la elaboración de una nueva propuesta para regular el estacionamiento en el área céntrica.
La jefa municipal había adelantado meses atrás que equipos técnicos trabajaban en una alternativa incluso antes de conocerse el fallo definitivo de la Corte. Según explicó, uno de los principales objetivos será evitar que el nuevo sistema represente una carga económica excesiva para los vecinos.
La iniciativa buscará incorporar herramientas tecnológicas que permitan optimizar el tránsito, mejorar la circulación vehicular y contribuir a la reducción de la contaminación urbana. Asimismo, contempla la posibilidad de integrar al esquema formal a los trabajadores que actualmente desarrollan tareas de cuidado informal de vehículos en la vía pública.
El proyecto deberá ser remitido al Concejo Deliberante, donde será analizado y debatido antes de una eventual implementación.
La discusión sobre el estacionamiento medido en la capital tucumana se remonta a 2021, cuando la gestión del entonces intendente Germán Alfaro adjudicó el servicio luego de varios intentos fallidos de licitación.
La puesta en marcha del sistema durante 2022 generó fuertes cuestionamientos de distintos sectores. Organizaciones de consumidores, la Defensoría del Pueblo y grupos de cuidacoches impulsaron acciones judiciales y amparos colectivos para frenar su funcionamiento.
Las críticas apuntaban principalmente a las condiciones económicas del contrato, que otorgaban a la empresa privada la mayor parte de la recaudación generada por el servicio.
Las medidas cautelares dictadas por la Justicia terminaron suspendiendo la operatoria apenas unos meses después de su implementación. Finalmente, con la confirmación de la nulidad del contrato por parte de la Corte Suprema provincial y la derogación de la ordenanza que le dio origen, quedó clausurado un capítulo que durante años generó debate político, judicial y social en San Miguel de Tucumán.
