“Operación Prisma” fue el nombre del procedimiento en el que fueron detenidos siete efectivos de la Policía Federal que prestaban servicios en Tucumán, acusados de cobrar coimas a tours de compras y bagayeros que transportaban mercadería de contrabando por la región. Se trata de, al menos, el cuarto caso en los últimos años en el que se desbarata una organización integrada por miembros de fuerzas de seguridad vinculada a este tipo de maniobras.
El fiscal federal Pedro Simón, de Santiago del Estero, abrió un expediente luego de recibir una denuncia en la que se acusaba a los efectivos de haber montado un sistema de cobro ilegal en el puesto de control de Rapelli, localidad ubicada muy cerca del límite con Tucumán. A partir de esa presentación se inició una investigación que, por sus características, tiene pocos antecedentes en el NOA.
La pesquisa fue inédita porque, una vez corroborada la denuncia, agentes de la Agencia Federal de Investigaciones realizaron intervenciones telefónicas y se infiltraron en un tour de compras haciéndose pasar por pasajeros. Cuando los coordinadores les solicitaron dinero para pagar los supuestos sobornos, entregaron billetes previamente marcados. Mientras tanto, personal de Gendarmería Nacional Argentina permanecía apostado en las inmediaciones del destacamento y actuó cuando el micro llegó al puesto de control.
Según confirmaron fuentes judiciales, durante los allanamientos se secuestraron $8 millones -entre ellos los billetes marcados-, teléfonos celulares, el libro de guardia y un cuaderno con anotaciones que podría haber sido utilizado para registrar los pagos ilegales. Los investigadores sospechan incluso que los sobornos estaban tarifados. De acuerdo con esa hipótesis, cada pasajero de un tour debía aportar $100.000; las camionetas, $80.000; los utilitarios, $50.000; y los automóviles, $40.000.
La cifra resulta exigua si se la compara con el valor de la mercadería que transportaba el micro utilizado como señuelo para la investigación. Según estimaron los gendarmes, la carga secuestrada estaba valuada en aproximadamente $700 millones.
A criterio de los investigadores, las anotaciones halladas en el cuaderno tienen un importante valor probatorio. No sólo podrían comprometer aún más la situación procesal de los detenidos, sino también permitir identificar a otros efectivos que eventualmente habrían participado de la maniobra. Los turnos del destacamento de Rapelli eran cubiertos por personal federal destinado tanto en Tucumán como en Santiago del Estero.
Por orden del juez federal santiagueño fueron detenidos la subinspectora Ivon Janet Herrera; el sargento Matías Trejo; los cabos primeros Miguel Barigozzi, Matías Mansilla, Rocío Fernanda Navarro Sabaté y Walter Maximiliano Valdivieso; y el cabo Mauro Nicolás Lazarte. Todos tienen domicilio en Tucumán.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron que los arrestados prestaban servicios en la División Operativa de la fuerza, área que, entre otras funciones, tiene a su cargo la custodia de magistrados federales de la provincia.
En los últimos dos años se detectaron varios casos en los que integrantes de fuerzas federales habrían mantenido acuerdos con bagayeros para permitir el traslado de mercadería a cambio de dinero. Hasta ahora, los principales involucrados en esas causas habían sido efectivos de Gendarmería Nacional.
Una de las primeras investigaciones se inició en Santiago del Estero y tuvo una derivación particular: uno de los bagayeros acusado de pagar sobornos ordenó incendiar el depósito donde almacenaba mercadería para evitar que fuera secuestrada por la Justicia.
Otra causa fue impulsada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, quien procesó a varios gendarmes acusados de participar en una maniobra similar.
Sin embargo, la investigación de mayor alcance fue la desarrollada por el fiscal federal Agustín Chit. A principios de 2024 recibió el testimonio de una persona que denunció que los organizadores de excursiones exigían a los pasajeros el pago de sumas de dinero destinadas a miembros de fuerzas de seguridad para evitar controles. Más tarde, un gendarme aportó información clave sobre quiénes eran los efectivos involucrados y de qué manera distribuían el dinero mediante billeteras virtuales.
Mientras esa investigación avanzaba, se produjo un episodio inédito. En julio de 2024, pasajeros de un tour de compras incendiaron el micro en el que viajaban desde Orán hacia Tucumán. Según los investigadores, intentaron destruir evidencias vinculadas al transporte de drogas. La reacción se habría producido porque los gendarmes decidieron inspeccionar el vehículo pese a que, según varios testimonios incorporados al expediente, ya habían recibido dinero para permitir el paso sin controles.
Meses después, un megaoperativo permitió detener a gendarmes y civiles acusados de integrar esa estructura. Los investigadores concluyeron que se trataba de una red de corrupción que operaba en Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.
Dos años más tarde, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de una docena de gendarmes que prestaban servicios en distintas provincias del NOA. Aún no hay una fecha definida para la realización del juicio oral.
