Clausuraron un prostíbulo y rescataron a dos mujeres

En el mes de marzo, al personal de la División Delitos de Trata se le encomendó una investigación en un domicilio por una denuncia sobre explotación sexual. Los datos aportados hablaban de un estado casi de esclavitud de varias mujeres que allí eran sometidas.

Las investigaciones permitieron individualizar a dos responsables del lugar que realizaban ofertas sexuales de, entre tres y cinco mujeres mayores de edad, las cuales iban alternando de acuerdo a los días y afluencia de la clientela. En el lugar se realizaban encuentros sexuales pactados previamente por citas telefónicas.

Un integrante de la división policial afectado a la pesquisa, en forma encubierta logró distinguir a un hombre que llegó al domicilio denunciado, venia conduciendo un taxi, fue atendido por una de las encargadas en la puerta del lugar, le entregó un paquete con dinero y él "taxista" realizó anotaciones en una libreta.

Con los resultados de la investigación, el Juzgado Federal Criminal y Correccional Número 4, a cargo del doctor Ariel Lijo, ordenó el allanamiento a la propiedad.

Una vez en el lugar, junto con dos testigos, los oficiales observaron el arribo del taxi avistado durante las tareas investigativas y por ese motivo redujeron al hombre para su detención. Luego demoraron a dos mujeres mayores de edad que se encontraban en el interior de la vivienda. En el momento del operativo llegó un hombre que manifestó frente a uno de los testigos tener turno "para un servicio" y fue demorado por la fuerza porteña.

Dentro del domicilio hallaron un sistema de cámaras conectadas a un monitor y éste a su vez a un módem que trasmitía las imágenes de los encuentros sexuales a través de la web en tiempo real. Los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, un chip, documentación de interés para la causa, un módem, una grabadora de video y un trasmisor de imágenes.

Del allanamiento policial también participaron: personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Dirección de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad.

Inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) procedieron a la clausura de la propiedad.