Millones que quedan en familia de legislador tucumano

Mario Leito acumula una extensa carrera en la vida política e institucional de Tucumán. Actualmente se desempeña como legislador provincial, integra la conducción del Partido Justicialista y preside Atlético Tucumán, una combinación de responsabilidades que lo ubica en un lugar de permanente exposición pública.

En ese marco, resulta razonable que la ciudadanía reclame explicaciones precisas sobre los criterios que se aplican para cubrir cargos dentro de la administración pública. Cuando surgen cuestionamientos por la designación de familiares, allegados o personas con vínculos políticos, la transparencia se convierte en una obligación para despejar cualquier sospecha de favoritismo o trato preferencial.

Entre el listado de 80 perosnas nombradas se destacan la esposa, la hermana, los sobrinos y la casi totalidad de la familia del chofer (cuñadas inclusive, sugestivamente, algunos con la mayor categoría). Aparte, también, esta designada la esposa del extécnico de atletico Tucumán y actual Secretario de Deportes de la provincia.Aquí el listado:

La demanda de mayor claridad cobra aún más relevancia en un contexto económico complejo. Mientras miles de tucumanos enfrentan dificultades para conservar sus empleos, sostener sus ingresos o llegar a fin de mes, el crecimiento de la estructura estatal, las designaciones en cargos públicos y las categorías jerárquicas vuelven a instalar el debate sobre el uso de los recursos del Estado.

En ese escenario, la sociedad espera que quienes ejercen funciones públicas concentren sus esfuerzos en atender las principales necesidades de la provincia y no alimenten la percepción de que el poder puede utilizarse para favorecer intereses particulares.

La recuperación de la confianza en las instituciones depende, en buena medida, de que cada nombramiento pueda justificarse con criterios objetivos, capacidad profesional y absoluta transparencia.

En una provincia atravesada por elevados índices de pobreza y limitadas oportunidades laborales, la austeridad, la rendición de cuentas y la publicidad de los actos de gobierno aparecen como principios indispensables para reducir la brecha entre la dirigencia política y los ciudadanos que, con el pago de sus impuestos y su trabajo diario, sostienen el funcionamiento del Estado.