Adorni y su patrimonio: diferencias entre ingresos y gastos y US$402 mil en refacciones y viajes

La fiscalía federal de Gerardo Pollicita detectó una diferencia de más de $43 millones entre los ingresos como funcionario público de Manuel Adorni y los gastos afrontados por el grupo familiar durante el período investigado. A ese desajuste se suma otro dato central: el organismo reconstruyó desembolsos por US$402.578,12 vinculados con la compra y refacción de propiedades, mobiliario, viajes, alquileres y otros gastos.

Los números forman parte del requerimiento de justificación patrimonial presentado este lunes ante el Juzgado Federal N° 4. Pollicita intimó al exjefe de Gabinete a justificar, en un plazo de 15 días, la procedencia del incremento patrimonial atribuido a él y a su pareja, Bettina Julieta Angeletti, entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.

Según el documento, durante ese período Adorni percibió 35 haberes derivados del ejercicio de su cargo, a los que se sumaron los ingresos comprobados de Angeletti. En conjunto, esos recursos alcanzaron los $229.752.283,20. Frente a ellos, el grupo familiar afrontó gastos por $272.820.832,20, que incluyeron seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y consumos con tarjetas de crédito. La diferencia en pesos argentinos fue de $43.068.549.

El segundo eje del requerimiento está en las operaciones realizadas en dólares. La Fiscalía sostuvo que pudo acreditar desembolsos por US$402.578,12 en divisas que no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados. El monto comprende, entre otros conceptos, gastos de viajes y alquileres, además de la adquisición del lote 380 del Country Indio Cuá, su refacción integral, el departamento de Miró 550 y el mobiliario destinado a esos inmuebles.

Dentro de ese monto aparece uno de los puntos específicos que Adorni deberá explicar: los US$245.000 abonados al contratista Matías Tabar por la remodelación integral de la vivienda ubicada en el lote 380 del Country Indio Cuá, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. La Fiscalía reclama que individualice el origen de cada suma y presente los recibos y demás documentación respaldatoria. También deberá explicar de dónde provinieron los fondos utilizados para comprar el lote y pagar la tasa de ingreso al emprendimiento.

Otro de los interrogantes está relacionado con el departamento de Miró 550, en el barrio porteño Caballito. El requerimiento pide que Adorni precise el origen de los fondos utilizados para adquirirlo y explique la naturaleza y los términos de la operación. También deberá informar la fuente del dinero utilizado para pagar a Tabar los muebles del inmueble, cuyo precio, según el documento, fue abonado en dólares y en efectivo.

La Fiscalía también puso bajo análisis los dólares en efectivo declarados por Adorni. En particular, exige que explique su origen y el sustento de la operación de “venta de activos” invocada como fuente. Para ello deberá precisar qué activos fueron vendidos, en qué fechas, a quiénes, por qué importes y cuál fue la trazabilidad bancaria, registral o bursátil de esas operaciones.

Otro capítulo está relacionado con dos préstamos atribuidos a familiares, Silvia Pais y Norma Zuccolo. Adorni deberá acreditar su existencia, fecha cierta, efectiva entrega de los fondos, aplicación del dinero y evolución de las obligaciones. También tendrá que explicar la situación de deudas declaradas con el Banco Galicia y posteriormente omitidas en declaraciones posteriores.

Los gastos cotidianos también forman parte del requerimiento. La Fiscalía pide precisar el origen del efectivo, tanto en pesos como en moneda extranjera, utilizado para afrontar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares. A su vez, deberá explicar la utilización reiterada de terceros para adquirir bienes o afrontar pagos por cuenta suya o de su grupo familiar y la procedencia del efectivo utilizado para reintegrar esas operaciones.

Las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito constituyen otro de los puntos observados. Adorni deberá explicar cómo concilia el nivel de gastos y movimientos financieros registrado en su cuenta sueldo del Banco Nación, las cuentas de su cónyuge, las tarjetas y las billeteras virtuales con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar.

También deberá responder por 20 comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero durante 2024 y 2025 por un monto superior a $6 millones cuyos pagos no pudieron ser conciliados con tarjetas, cuentas bancarias o plataformas. A eso se suman 16 facturas de una empresa por más de $2 millones cuyos pagos no coinciden con los importes de los comprobantes. La Fiscalía pide determinar si esas operaciones se concretaron, si fueron canceladas, cuándo, mediante qué medio y con qué fondos.

Las criptomonedas constituyen otro de los capítulos de la investigación. El requerimiento solicita el detalle de la operatoria con criptoactivos y, especialmente, el origen del capital con el que Adorni afirma haberla iniciado. La Fiscalía señala que en declaraciones rectificativas fueron incorporadas cuatro cuentas de activos virtuales y que un informe de la SIFRAI vinculó al requerido con otros activos virtuales.

Finalmente, Adorni deberá explicar cómo fueron valuadas las mejoras declaradas en el departamento de Miró 550 y en el lote 380 del Country Indio Cuá, qué desembolsos concretos representan, con qué fondos fueron afrontados y en qué proporción fueron atribuidos a cada cónyuge.

El requerimiento fue elaborado luego del análisis conjunto de documentación patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, además de información sobre activos virtuales, viajes y operaciones inmobiliarias.

Según la Fiscalía, que investiga al exvocero de Javier Milei por presunto enriquecimiento ilícito, ese cotejo con las declaraciones juradas patrimoniales públicas, reservadas y sus rectificativas permitió advertir las “inconsistencias” que sustentaron el pedido de explicaciones. El documento presentado ante el juzgado tiene 207 fojas y estructura la intimación en 20 puntos concretos.