Condenaron a 13 años de prisión al exsargento que encabezaba una millonaria trama de estafas

Daniel Edgardo Chavarría fue hallado responsable de un esquema de defraudaciones que ocasionó pérdidas por más de $50 millones a comerciantes y feriantes de una galería de El Bajo. La Justicia ordenó su inmediata prisión preventiva.
Judiciales23 de septiembre de 2026
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La Justicia de Tucumán condenó este martes a 13 años de prisión efectiva al exsargento de la Policía Daniel Edgardo Chavarría, considerado responsable de encabezar un esquema de estafas que habría generado un perjuicio económico superior a los $50 millones a comerciantes y feriantes de una galería situada en la zona de El Bajo, en San Miguel de Tucumán.

Durante el debate oral, la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I expuso que el exagente habría diseñado y puesto en marcha una maniobra sistemática destinada a engañar a numerosas personas.

La jueza Alejandra Balcázar declaró a Chavarría autor penalmente responsable del delito de estafa por abuso de confianza, en concurso real con estafas reiteradas. Además, dispuso su inmediata prisión preventiva con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la pena impuesta.

Dos modalidades para concretar las maniobras

De acuerdo con la investigación, el condenado habría utilizado al menos dos mecanismos diferentes para llevar adelante las defraudaciones.

En algunos casos, se valía de la confianza que había generado entre propietarios y locatarios de la galería para recibir dinero en efectivo. Los pagos eran presentados como supuestos adelantos correspondientes a alquileres o como parte de renovaciones de contratos.

La segunda modalidad consistía en ofrecer puestos comerciales que se encontraban en construcción. Chavarría habría simulado contar con autorización para venderlos y concretaba operaciones por locales que, en realidad, no existían.

De esta manera, distintos compradores entregaron importantes sumas de dinero convencidos de que estaban participando de transacciones comerciales legítimas.

La investigación fiscal concluyó que ambas modalidades formaban parte de un esquema de defraudación que afectó a múltiples víctimas y produjo un perjuicio económico que superó los $50 millones.

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