El Gobierno de Javier Milei incorporó una condición particular en el proceso para privatizar el Belgrano Cargas: las empresas controladas por gobiernos extranjeros no podrán competir por la concesión de las vías ferroviarias.
El punto central del pliego es que no podrán presentarse empresas cuyo control esté en manos de Estados soberanos extranjeros, ya sea de manera directa o indirecta.
Por eso, el mecanismo funciona como un filtro previo dentro de la licitación. Una compañía que no pueda demostrar que cumple con las condiciones establecidas en el pliego quedará afuera de la competencia por la concesión.
El criterio también contempla restricciones para empresas estatales argentinas, tanto nacionales como provinciales, de acuerdo con las condiciones fijadas en la documentación licitatoria.
Por qué se la conoce como una cláusula “anti-China”
Aunque China no aparece mencionada expresamente, el nombre surgió porque uno de los efectos más evidentes de la condición es limitar la posibilidad de que empresas estatales chinas participen de la operación de la red.
China tiene compañías con fuerte presencia internacional en obras de infraestructura, transporte, energía y logística. Por eso, la decisión del Gobierno es interpretada como una forma de impedir que un Estado extranjero pueda obtener el control de una infraestructura considerada estratégica para la Argentina.
Pero, jurídicamente, la cláusula tiene un alcance mayor: no está diseñada exclusivamente contra empresas chinas. También puede afectar a compañías controladas por otros gobiernos extranjeros que pretendan participar de la licitación.
El pliego no establece una prohibición general para las compañías extranjeras. Una empresa privada de otro país puede participar del proceso siempre que cumpla con los requisitos establecidos.
La cláusula forma parte del pliego para concesionar durante 50 años las vías y los inmuebles vinculados con las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. La red actualmente operativa comprende 7.594 kilómetros y atraviesa 16 provincias. El esquema contempla además un modelo de “open access”: el concesionario tendrá a su cargo la infraestructura, pero otras empresas podrán utilizar las vías mediante el pago de un peaje.
La licitación tampoco se definirá simplemente por quién ofrece más dinero al Estado. Los interesados competirán mediante una combinación de inversiones comprometidas y el peaje que pretenden cobrar por el uso de las vías. En términos generales, tendrá ventaja la propuesta que combine mayores inversiones con menores costos de utilización de la infraestructura.
El Gobierno estima que el proceso puede movilizar alrededor de US$1000 millonesen inversiones para las tres líneas y contempla la posibilidad de que determinados proyectos accedan a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
