En las rutas de alta montaña de Mendoza, donde el tránsito se vuelve denso por la circulación constante de camiones, micros y vehículos particulares rumbo a Chile, una infracción se repite con frecuencia: los adelantamientos indebidos sobre doble línea amarilla. La escena, que suele quedar registrada en videos que luego se viralizan en redes sociales, ahora podría tener consecuencias concretas.
La Legislatura provincial aprobó una modificación a la Ley 9.024 de Seguridad Vial que introduce el artículo 120 bis, habilitando a cualquier ciudadano a registrar y enviar imágenes o filmaciones de infracciones viales mediante canales digitales oficiales, como páginas web o sistemas de mensajería.
Estas pruebas, sin embargo, no tendrán validez automática: servirán como punto de partida para una investigación que determine si efectivamente existió una falta o si el material fue manipulado, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial.
La normativa establece que será la autoridad de aplicación la encargada de analizar el contenido recibido. A partir de allí, deberá elaborar un informe preliminar sobre la presunta infracción y remitirlo al juzgado vial correspondiente. La decisión final quedará en manos de los jueces, quienes evaluarán si el material es suficiente como evidencia o si se requieren instancias adicionales de verificación.
Con este esquema, el Gobierno mendocino busca ampliar su capacidad de control en rutas y calles, apoyándose en los registros visuales que puedan aportar los propios ciudadanos. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, planteó que la medida también apunta a la prevención: la posibilidad de ser filmado por otros conductores podría desalentar conductas peligrosas al volante.
Entre las herramientas en evaluación figura la incorporación de estos reportes a la plataforma digital “Mendoza x Mí”, utilizada para trámites estatales. A través de ese sistema, cada envío podría incluir datos como ubicación, horario y la identidad del usuario que captura la imagen o el video, lo que permitiría un seguimiento más preciso de cada caso.
La iniciativa, denominada “Cámara testigo”, fue impulsada por el senador Germán Vicchi, quien buscó darle respaldo legal a una práctica que ya ocurre de manera informal, en un contexto donde la mayoría de las personas dispone de teléfonos capaces de registrar imágenes en tiempo real.
En la misma línea, la senadora Cintia Gómez (PRO) aclaró que no se trata de un sistema de sanciones automáticas, sino de una herramienta de colaboración ciudadana donde la última palabra sigue siendo de la Justicia.
Una experiencia similar ya funciona en el municipio de Las Heras, que abarca parte de la ruta 7 en la zona de alta montaña. Desde el 24 de febrero, se habilitó una línea de WhatsApp para recibir denuncias de infracciones en rutas provinciales y nacionales dentro de su jurisdicción.
En tres semanas, se registraron 100 reportes con fotos y videos, aunque más del 60% no correspondía a esa área. De los casos válidos, se labraron 10 actas, en su mayoría por adelantamientos indebidos sobre doble línea amarilla.
La nueva legislación provincial busca ahora sistematizar ese tipo de aportes ciudadanos, en un intento por reforzar los controles en rutas donde, hasta ahora, muchas infracciones quedaban sin sanción más allá de su difusión en redes sociales.
