La Defensoría del Pueblo de Tucumán presentó un planteo formal ante el Ente Provincial de Regulación de los Servicios Públicos (ERSEPT) para rechazar una nueva actualización de las tarifas eléctricas y solicitar que no se autoricen incrementos en el servicio que brinda EDET S.A. La presentación, impulsada por el ombudsman Agustín Fernández, cuestiona tanto el impacto económico de las subas como las condiciones en las que se lleva adelante el proceso de revisión tarifaria.
Uno de los principales argumentos expuestos por el organismo es la diferencia entre el aumento de las facturas de electricidad y la evolución de los precios. Según los datos incluidos en el reclamo, desde noviembre de 2025 las tarifas de luz acumularon una suba cercana al 60%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento del 27%.
Desde la Defensoría advirtieron que esta brecha representa una carga cada vez mayor para la economía de las familias y las pequeñas y medianas empresas de la provincia. Asimismo, cuestionaron que la distribuidora no haya difundido en tiempo y forma su estructura de costos, una información que consideran indispensable para evaluar la justificación de los valores que pagan los usuarios.
Como parte de los fundamentos presentados, la Defensoría incorporó un registro de aproximadamente 3.600 reclamos y consultas recibidos entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026. Las presentaciones de los usuarios estuvieron vinculadas, entre otros problemas, con interrupciones del servicio, baja tensión y daños en electrodomésticos.
El organismo sostuvo que las dificultades registradas en la prestación eléctrica deben ser consideradas al momento de analizar cualquier modificación tarifaria. En ese sentido, se opuso a que se otorguen nuevos beneficios económicos a la distribuidora mientras persistan los cuestionamientos relacionados con la calidad y continuidad del suministro.
La presentación también incluyó críticas al mecanismo de participación ciudadana dispuesto por el ERSEPT, presidido por Eduardo Cobos. Entre las objeciones planteadas figuran presuntos incumplimientos de los plazos, falta de información relevante y una difusión insuficiente de la convocatoria.
El procedimiento fue habilitado mediante la Resolución N.º 661/26, luego de que se registrara una variación de costos del 5,04%, por encima del umbral técnico del 3% contemplado para activar la revisión.
Fernández cuestionó especialmente que la consulta pública se haya desarrollado exclusivamente por medios digitales. Según la postura de la Defensoría, esta modalidad dificulta la intervención de quienes no cuentan con acceso a internet o no están familiarizados con las herramientas informáticas, lo que restringe las posibilidades de participación.
Frente a estas objeciones, la Defensoría solicitó que se deje sin efecto el formato de Consulta Pública Documentada y se convoque a una audiencia pública que combine la participación presencial y virtual.
El planteo también reclama que la documentación técnica vinculada con la revisión tarifaria esté disponible para toda la ciudadanía, con el objetivo de permitir un análisis transparente de los costos y garantizar que los usuarios puedan expresar sus opiniones.
De esta manera, el organismo reiteró su rechazo a una nueva suba de la electricidad y exigió que se tengan en cuenta tanto la situación económica de los tucumanos como los reclamos acumulados por las deficiencias en el servicio antes de avanzar con cualquier decisión sobre las tarifas.
