La audiencia se desarrolló en un clima de marcada tensión y concluyó sin una definición. El secretario de Energía de la Provincia, Martín Viola, junto a su abogada Celeste Salas, se reunió en el Juzgado Federal con Julián Echazú Toneatti y su representante legal, Belén Salas. El objetivo del fiscal federal N° 2, Agustín Chit, era acercar a las partes, aunque hasta el momento el expediente permanece sin resolución.
Viola está imputado por el presunto uso indebido del Documento Nacional de Identidad de Echazú Toneatti para crear una cuenta digital desde la cual se habrían difundido comentarios agraviantes contra el funcionario municipal Alejandro Sangenis.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, la maniobra habría quedado respaldada por informes técnicos, registros bancarios, datos de organismos nacionales y pericias informáticas. La investigación se inició el 22 de agosto de 2025, cuando la Justicia Federal de Tucumán intervino tras una denuncia presentada por la apoderada legal de Echazú Toneatti. En esa presentación se indicó que el denunciante había extraviado su DNI a comienzos de junio de ese año, en la cochera del edificio donde vive, en pleno centro de San Miguel de Tucumán. Tiempo después, advirtió que su identidad estaba siendo utilizada sin su consentimiento en un medio digital.
El caso tomó impulso cuando, el 21 de junio de 2025, Echazú Toneatti recibió un mensaje de WhatsApp de Sangenis, quien le consultó por comentarios publicados el día anterior en el diario LA GACETA, considerados ofensivos y atribuidos a su nombre y número de documento. El denunciante negó haber realizado esas publicaciones y aseguró no haber creado ninguna cuenta digital.
A pedido del fiscal Chit, la denuncia fue ratificada el 11 de septiembre de 2025. En esa instancia, Echazú Toneatti reiteró que no podía precisar la fecha exacta de la pérdida del DNI, aunque sostuvo que lo extravió en el estacionamiento de su edificio, donde halló su billetera sin el documento. También afirmó no haber detectado otros usos indebidos de su identidad.
Un informe técnico señaló que la cuenta fue creada el 2 de junio de 2025 desde una dirección IP determinada y que, minutos después, los datos fueron modificados para consignar el nombre y DNI del denunciante. La suscripción digital —correspondiente a un servicio pago— se abonó ese mismo día con una tarjeta de crédito cuyos últimos cuatro dígitos fueron identificados y cuyo titular sería Martín Viola. Además, se constató que el funcionario tiene domicilio en el mismo edificio que Echazú Toneatti, un elemento que la Fiscalía consideró relevante al momento de analizar el acceso al documento extraviado.
En ese marco, Chit sostuvo que la conducta atribuida a Viola encuadra, en esta etapa procesal, en el delito de uso ilegítimo de documento nacional de identidad, previsto en el artículo 33 inciso d de la Ley 20.974.
Por su parte, Viola rechazó los cargos en declaraciones a LA GACETA y aseguró haber sido víctima de un hackeo en su cuenta bancaria, lo que —según afirmó— derivó en el uso de su tarjeta de crédito sin su conocimiento para concretar la suscripción. Además, calificó el caso como una maniobra política en su contra.
Luego de una primera audiencia suspendida, las partes volvieron a encontrarse en la fiscalía de Chit. Allí, el fiscal planteó la posibilidad de cerrar el proceso mediante una salida alternativa, en función del tipo de delito: una reparación que incluiría disculpas públicas en el mismo medio donde se publicaron los agravios y una donación significativa destinada a los damnificados por las inundaciones en el sur provincial.
En ese contexto, Echazú Toneatti manifestó su oposición, aunque el fiscal le indicó que no era el momento procesal para hacerlo y otorgó a ambas partes un plazo de tres días para responder a la propuesta, en el marco de una instancia de mediación. Viola, en tanto, se mostró dispuesto a aceptar las condiciones, aunque formalizará su respuesta dentro del plazo establecido.
De este modo, se abren distintos escenarios. Si Viola acepta el acuerdo, al ofrecer disculpas públicas implicaría, en los hechos, un reconocimiento del delito que se le imputa, aunque a la vez resolvería su situación judicial. En cambio, si Echazú Toneatti rechaza la propuesta, podrá impugnar la decisión del fiscal, lo que trasladaría la definición final al juez federal N° 1 subrogante, Guillermo Díaz Martínez. La resolución del caso se prevé para la próxima semana.
