Un episodio ocurrido en un supermercado de San Fernando terminó convirtiéndose en una prolongada situación judicial para Estela Chávez, una mujer de más de 65 años que permanece detenida desde hace más de un mes, acusada de intentar sustraer un corte de carne. Su familia cuestiona que continúe privada de la libertad por un hecho que no llegó a consumarse y manifiesta preocupación por su estado de salud y las condiciones en las que se encuentra alojada.
La mujer fue arrestada el 8 de octubre, luego de que las cámaras de seguridad del establecimiento registraran el momento en que intentaba esconder un pedazo de carne entre su ropa. Personal de seguridad la interceptó cuando todavía se encontraba en la fila de las cajas. Es decir, nunca llegó a atravesar el sector de pago ni a abandonar el supermercado.
Tras la intervención policial, se inició una causa por tentativa de hurto. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un procedimiento por un hecho menor terminó con Chávez alojada en la Alcaidía N.º 15, en el barrio porteño de Chacarita, donde continúa esperando una resolución judicial.
Estela tiene seis hijos y percibe la jubilación mínima. Durante gran parte de su vida trabajó en casas particulares, realizando tareas de limpieza y trasladándose diariamente entre distintos domicilios. Con el paso de los años, las exigencias físicas y las dificultades económicas hicieron que ya no pudiera continuar trabajando. Finalmente, accedió a una prestación previsional mediante una moratoria.
Actualmente vivía en una vivienda de un barrio popular de San Fernando junto a una de sus nietas. Desde su detención no pudo regresar a su hogar ni reencontrarse con sus familiares.
Mariano Franco, su hijo menor, es quien se ocupa de acercarle semanalmente ropa limpia, alimentos y artículos de higiene personal. Aunque realiza esos traslados hasta la dependencia policial, no tiene permitido visitarla.
La situación genera angustia en la familia, especialmente por los problemas de salud que presenta la mujer. Según contó Mariano, su madre tiene afecciones pulmonares que se habrían agravado por el humo de cigarrillo que respiran dentro de la celda, donde comparte espacio con otras cinco detenidas.
Además, el 21 de octubre sufrió una infección urinaria y necesitó asistencia médica y antibióticos. Para conseguir atención debió comunicarse con su defensor y gestionar un traslado. El 3 de noviembre volvió a descompensarse y tuvo que realizar nuevamente el mismo procedimiento.
“Mi mamá ya pagó, no entiendo por qué la tienen ahí. Está con problemas pulmonares porque todas sus compañeras fuman adentro. Está en una celda con otras cinco personas. La semana pasada se descompuso de nuevo y, por suerte, conseguimos que la llevaran al médico”, expresó su hijo.
A las dificultades que atraviesa la mujer se suma la situación económica de Mariano, quien trabaja como bachero y ayudante de cocina, pero recientemente perdió su empleo. Mientras busca una nueva oportunidad laboral, también debe atender las necesidades de su madre y seguir de cerca las actuaciones judiciales.
El expediente está identificado como CCC 52837/2026 y se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25. La representación legal de Chávez está a cargo de la Defensoría Pública Oficial N.º 15.
La imputación es por tentativa de hurto, una figura penal que contempla una escala de pena menor que la correspondiente al delito consumado. En este caso, uno de los aspectos señalados por la defensa y el entorno familiar es que la mujer fue interceptada antes de superar la línea de cajas.
Otro elemento que forma parte de la causa es su presunta vinculación con un expediente de 2025, relacionado también con un supuesto intento de sustraer alimentos de un supermercado. De acuerdo con los antecedentes mencionados, ninguno de los dos episodios habría llegado a concretarse.
La prisión preventiva fue dispuesta el 26 de octubre, 18 días después de la detención. La decisión se produjo luego de que el Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires tomara contacto con el juzgado y la defensa.
La familia cuestiona la prolongación del encierro y reclama que se revise la situación procesal de Estela, teniendo en cuenta las características del hecho investigado, su edad y sus condiciones de salud.
El caso también volvió a poner en discusión las condiciones de alojamiento en las alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires.
En un informe elaborado durante 2025, el Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura había advertido sobre el incremento de la cantidad de mujeres detenidas y la prolongación de sus estadías en dependencias policiales que fueron diseñadas para alojamientos transitorios de entre 24 y 72 horas.
El organismo describió diferentes deficiencias en las instalaciones, entre ellas problemas de infraestructura, dificultades para lavar y secar la ropa, limitaciones en el acceso al agua, falta de espacios adecuados para recibir luz solar y falencias en la atención sanitaria.
La situación de Estela Chávez vuelve a exponer esas advertencias. Mientras permanece alojada en una dependencia policial, sus familiares insisten en que pueda recuperar la libertad y recibir la atención médica necesaria.
Su historia, que comenzó con un intento de llevarse un corte de carne de un supermercado, se transformó en un caso que genera cuestionamientos sobre la proporcionalidad de la medida judicial y las condiciones en las que permanecen detenidas las personas mayores en las alcaidías.
