La crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos, la mayor empresa avícola de Argentina, suma a su crisis financiera un factor que genera mayor preocupación en el sector: la pérdida de productores integrados y una fuerte caída en el volumen de producción, señales que ponen en duda la capacidad de la compañía para sostener su histórica escala industrial.
Según registros del Banco Central, la firma acumula alrededor de 1.200 cheques rechazados por un monto superior a los $20.100 millones. A esto se suman los compromisos impagos de otras sociedades vinculadas: Wade, la ex Cresta Roja, con 412 cheques rechazados por unos $3.500 millones, y Avex, con 373 documentos por cerca de $2.800 millones. En conjunto, las tres compañías concentran casi 2.000 cheques rechazados por más de $26.400 millones, reflejando el nivel de tensión financiera que enfrenta el grupo empresario.
Sin embargo, la principal señal de alerta dentro de la cadena avícola no pasa únicamente por las dificultades financieras, sino por el impacto que la crisis empieza a tener sobre la estructura productiva. En los últimos meses, cerca de 120 productores integrados habrían dejado de trabajar con la empresa para vincularse con otros frigoríficos, lo que representaría aproximadamente el 60% de la red con la que operaba la compañía.
En esa misma línea, fuentes del mercado señalan que la faena diaria habría caído de unos 700.000 pollos a aproximadamente 200.000, una contracción significativa que muestra hasta qué punto la empresa opera hoy por debajo de los niveles que le permitieron consolidar su liderazgo en el sector.
La pérdida de escala productiva se da en paralelo con un proceso de ajuste interno que la compañía viene aplicando para sostener su funcionamiento. De acuerdo con relevamientos previos, Granja Tres Arroyos habría pasado de contar con más de 1.500 empleados a unos 700 en la actualidad, mediante retiros voluntarios, jubilaciones, reducción de horas extras y desvinculaciones selectivas.
No obstante, el escenario actual plantea un desafío más profundo: la reducción ya no se limita a la estructura administrativa o laboral, sino que comienza a afectar directamente la base productiva del negocio.
En un sector caracterizado por márgenes ajustados y una fuerte dependencia del volumen, la caída de la producción no sólo impacta en la facturación, sino también en la eficiencia general del sistema industrial. Menor escala implica mayores costos relativos y mayores dificultades para sostener la competitividad.
Por este motivo, analistas del sector consideran que la situación dejó de ser interpretada como un simple problema de liquidez. El interrogante central pasa ahora por determinar si la empresa podrá mantener la dimensión industrial que construyó durante décadas o si, por el contrario, deberá atravesar un proceso de reestructuración más profundo.
