La diputada nacional por Salta de La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, quedó en el centro de la controversia en los últimos días, luego de admitir públicamente que su hijo utilizó pasajes oficiales del Congreso para trasladarse de Salta a Buenos Aires, donde estudia Abogacía.
La declaración, realizada en una entrevista con FM Noticias 88.1 Salta, abrió cuestionamientos políticos y éticos sobre el uso de fondos asignados a la función legislativa.
Ahora trascendió que renunció a su comisión en la Cámara de Diputados.
“En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso; esto no es un delito”, sostuvo la legisladora al ser consultada por la difusión de imágenes en las que se la veía junto a su hijo en el Aeropuerto de Salta. Luego agregó: “Mi hijo estudia Abogacía en Buenos Aires, así que va y viene”.
La situación tomó mayor dimensión cuando la propia diputada amplió su explicación y aseguró que también cedió esos pasajes “para otras cosas”. “No tengo nada que esconder”, afirmó, en una frase que, lejos de desactivar la discusión, multiplicó las críticas dentro y fuera del ámbito parlamentario.
Los pasajes y viáticos oficiales están previstos para cubrir traslados y gastos vinculados estrictamente con la actividad legislativa. Por eso, la admisión de que fueron utilizados por un familiar para fines personales encendió el debate sobre los límites entre el uso institucional de esos recursos y su eventual aprovechamiento privado.
El caso también reavivó la discusión jurídica. La Ley 25.188 de Ética en la Función Pública establece que los funcionarios deben abstenerse de usar bienes y servicios del Estado para beneficio particular o de familiares. En la misma línea, distintas normas administrativas del Congreso delimitan que esos beneficios están destinados al ejercicio de la representación parlamentaria.
Si bien Flores insistió en que “no es un delito”, el episodio generó repercusión inmediata por tratarse de recursos financiados con fondos públicos y en un contexto donde el oficialismo sostiene un discurso de austeridad y reducción de privilegios de la política.
La polémica escaló rápidamente en redes sociales y entre referentes de la oposición. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade compartió el recorte radial y vinculó el episodio con otros cuestionamientos recientes a funcionarios nacionales, lo que amplificó el impacto político del caso.
El episodio se conoció, además, en paralelo a la salida de Flores de la presidencia de la Comisión de Familias, Niñez y Juventud de Diputados, un dato que sumó nuevas lecturas sobre el momento institucional que atraviesa la legisladora dentro del Congreso.
