Grave denuncia del presidente del Tribunal de Faltas contra la intendenta Rossana Chahla

El Tribunal de Faltas de San Miguel de Tucumán denunció formalmente al Departamento Ejecutivo municipal por una medida que, según el organismo, vulnera la independencia judicial y busca desarticular su funcionamiento.

La presentación fue elevada ante el Concejo Deliberante por su presidente, Gerardo Augusto Poliche, quien acusó a la intendenta Rossana Chahla de haber dictado un decreto que atenta contra la estructura y autonomía del órgano.

La controversia se desató tras la promulgación del decreto N° 0099, firmado por Chahla en febrero, que dispuso la descentralización del Tribunal de Faltas, transfiriendo a siete de sus diez jueces a distintas reparticiones del municipio: cinco a la Dirección de Tránsito y dos a Catastro. Además, el texto oficial estableció un sistema de rotación de los magistrados cada seis meses, lo que fue interpretado como una intromisión directa en la organización interna del Tribunal.

“La medida no persigue otro propósito que desintegrar la Justicia y atribuirse su manejo discrecional”, acusó Poliche en su escrito, y advirtió que la reubicación funcional de los jueces, sin intervención del Concejo ni respaldo legal, representa una violación al artículo 14 de la ordenanza 757/82, que exige que cualquier modificación estructural del Tribunal debe realizarse por ordenanza y no por decreto.

Las claves legales del conflicto

Según la denuncia, el Ejecutivo municipal habría transgredido no sólo la ordenanza local, sino también normativas superiores, como el artículo 132 de la Constitución de Tucumán y el artículo 25 inciso 31 de la Ley Orgánica de Municipios, que establecen que la creación, estructura y reglamentación del Tribunal de Faltas corresponde exclusivamente al Concejo Deliberante.

El informe detalla que los jueces del Tribunal son funcionarios con competencias jurisdiccionales exclusivas y con inamovilidad garantizada, por lo que modificar su lugar de trabajo o funciones representa un ataque a su independencia. "No sólo se afecta la operatividad del órgano, sino que se rompe el principio de igualdad en la distribución de tareas, ya que algunos jueces asumirán una carga desproporcionada de expedientes mientras otros quedarán prácticamente desocupados", sostiene el documento.

¿Una maniobra política?

Desde el entorno del Tribunal se deja entrever que detrás de la medida podría haber una motivación política. En el escrito, se señala la existencia de un "vicio de desviación de poder" y se alerta sobre "una visión despectiva de la Justicia Municipal".

Aunque el documento no lo dice expresamente, la tensión entre el Ejecutivo y el Tribunal podría reflejar una puja por el control del aparato institucional en medio del proceso de reordenamiento de la gestión local.

En una de las frases más contundentes del planteo, Poliche advierte: “Literalmente se embiste sin freno ni límites, conculcando no solamente las normas municipales y provinciales que engendraron y discernieron competencia al Tribunal, sino todos los preceptos constitucionales”.

Reservas de acción judicial

El Tribunal solicitó la intervención del Concejo Deliberante, que ya giró el planteo a la comisión de Peticiones, pero también dejó constancia de que se reserva el derecho de iniciar acciones judiciales para proteger los derechos de los jueces afectados y preservar la continuidad y autonomía del órgano judicial municipal.

La denuncia representa un llamado de atención sin precedentes en la historia institucional reciente de la capital tucumana, donde la fricción entre los poderes del Estado comienza a escalar y amenaza con judicializarse.

El desenlace de este conflicto podría marcar un antes y un después en el equilibrio institucional local, y plantea un interrogante sobre hasta dónde llega el poder reglamentario del Ejecutivo frente a la potestad deliberativa del Concejo y la autonomía del Tribunal de Faltas.