La provincia de Tucumán corre riesgo de perder un valioso terreno fiscal en el corazón de Tafí del Valle

La Dirección de Catastro de Tucumán ha enfrentado un significativo revés judicial por la caducidad de un juicio relacionado con la posesión de un terreno crucial en la zona de La Quebradita, Tafí del Valle.

Este predio, con más de cuatro hectáreas y registrado a nombre del Gobierno provincial, originalmente se reservó como espacio verde y para escorrentías, pero actualmente alberga una vivienda con vistas privilegiadas. La justicia decidió a favor de la parte demandante, citando “falta de impulso procesal”, mientras el Gobierno planea apelar la decisión ante instancias superiores.

El terreno, registrado con el padrón 682.474, está ubicado en la intersección de la ruta 307 y la avenida San Martín. Según testimonios de residentes del área, en su interior se encuentra una edificación atribuida a Hugo Alfredo Yapura, quien habría ocupado el sitio sin documentación correspondiente.

El inicio de las acciones legales

Desde agosto de 2020, la provincia inició acciones legales lideradas por el apoderado Horacio Geria Lepore, buscando recuperar el predio a través de un juicio de reivindicación. La demanda sostenía que el Estado adquirió estas tierras en 1942 tras una expropiación y no existían registros de ocupación por parte de terceros. Aún se dictó una medida cautelar de no innovar que fue aceptada por la justicia en aquel momento.

Sin embargo, en octubre de 2024, la defensa de Yapura, representada por el abogado Juan Pablo Torres, solicitó la caducidad del juicio argumentando que el Gobierno había permitido que los plazos legales expiraran sin actuar. La jueza Luciana Eleas, del Centro Judicial de Monteros, dio lugar a este pedido tras observar más de seis meses sin actividad en el expediente, lo que consideró un desinterés manifiesto, incluso aceptado por el apoderado del Gobierno.

El fallo fue confirmado por la Cámara Civil y Comercial de Concepción (Sala II) el 19 de mayo, provocando una respuesta inmediata del Ejecutivo. Este considera que se ha cometido un grave error judicial y planea apelar. “Esta resolución perjudica el interés público y castiga a la Provincia por un supuesto desinterés en lugar de proteger un bien estatal”, afirmaron fuentes oficiales.

Un ambicioso proyecto queda en la nada

La documentación vincula este conflicto con la afectación de fondos estatales y políticas de salud pública, ya que el terreno se había destinado a un helipuerto para emergencias sanitarias, debido a su ubicación estratégica, cerca del hospital, del cuartel de bomberos y de dependencias policiales. En 2017, la Legislatura había considerado un proyecto de ley para avanzar en la construcción, pero el litigio con Yapura detuvo cualquier progreso.

La investigación también reveló que, en 2022, se intentó resolver el conflicto mediante la asignación de otro terreno para el helipuerto, pero errores en la redacción del proyecto obligaron a crear una nueva ley, que fue promulgada en octubre de 2024 bajo el número 9.812.

Este caso, que abarca planificación urbana, legalidad administrativa y protección del patrimonio estatal, promete intensificarse en los próximos meses. El Gobierno provincial está decidido a revertir lo que considera una “decisión injusta”, que permite que un particular se beneficie de una conducta procesal evasiva, perjudicando los intereses de la comunidad tafinista.