La Oposición denuncia al presidente por traición a la Patria

Le decisión adoptada de manera conjunta entre el presidente, Alberto Fernández; y 18 gobernadores provinciales del peronismo; para no acatar la medida de la Corte Suprema por la coparticipación entre Nación y Ciudad de Buenos Aires, trajo este domingo derivaciones insospechadas que agravan la profunda crisis institucional y política que atraviesa de lado a lado a la Argentina.

Con este marco complejo es que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, acompañada por los diputados nacionales macristas Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, presenta formalmente una denuncia penal contra el Gobierno y los mandatarios provinciales que acordaron el desacato. Es por el delito de sedición y traición a la Patria.

Quienes firman la denuncia se hacen eco de lo que había resuelto el máximo tribunal de Justicia mediante su fallo que respecto sostiene que "no implica, de ninguna manera, detraer fondos de coparticipación de las provincias".

Manifestaron en su reclamo los dirigentes opositores que presentan la denuncia: "No pueden desconocer los denunciados, por las funciones que ejercen, que los montos en cuestión no fueron nunca destinados por la ley a las provincias en general, pues se trata de porcentajes de coparticipación correspondientes al Gobierno Federal y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignados a las funciones de seguridad y cuya transferencia se efectuó por convenio, como perfectamente explica la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

El argumento de los denunciantes

Entre tanto, refutan al Gobierno nacional indicando que "no es cierto que el fallo sea de cumplimiento imposible, porque solo se trata de la reasignación del destino de los fondos en cuestión, que, reiteramos, hacen a la coparticipación federal y no a otras asignaciones presupuestarias".

Bullrich, Iglesias y Ajmechet finalizan expresando en la denuncia: "Está claro entonces que el documento emitido por el Poder Ejecutivo Nacional solamente indica el modo de justificar y encubrir la decisión tomada de NO CUMPLIR CON LA SENTENCIA dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en uso de su competencia originaria y exclusiva".

"Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional", aseguraron los denunciantes contra el Gobierno y los gobernadores.

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