Un mes después de la tragedia en la Escuela “Mariano Moreno”, donde un alumno de 15 años disparó a mansalva antes del izamiento de la bandera y causó la muerte de Ian Cabrera, de 13, y graves heridas a otros dos estudiantes, la sociedad de San Cristóbal y, especialmente, la comunidad educativa, siguen bajo los fuertes efectos del dramático y letal episodio ocurrido el lunes 30 de marzo pasado.
En tanto, el tirador, Gino C., declarado inimputable debido a que la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años recién entrará en vigor en septiembre próximo, sigue con restricciones a su libertad ambulatoria, alojado en una institución especial de la capital de Santa Fe, y podría retomar sus estudios próximamente, Los daños colaterales están presentes en cada familia vinculada a la Escuela Normal N°40; en los padres del chico asesinado, su único hijo, que había empezado allí la secundaria hacía muy poco; en las 8 familias cuyos hijos recibieron perdigonadas o lesiones por la estampida posterior al tiroteo, y también en alumnos, docentes y no docentes que debieron asesorarse rápidamente acerca de cuestiones que parecían lejanas a la escuela.
En la escuela “Mariano Moreno” la normalización de actividades está cerca, aunque todavía no llegó a completarse. Se realizaron largas jornadas de convivencia en las que se repasó lo que ocurrió, lo que se hizo y lo que se dejó de hacer. Se espera que a partir de mayo se pueda avanzar hacia el cronograma habitual.
En tanto, otra de las consecuencias de la masacre de San Cristóbal fue el cúmulo de amenazas de tiroteos en cerca de 150 establecimientos educativos de la provincia. Alumnos que se dedicaron en las últimas tres semanas a generar caos, con carteles, en su mayoría pegados en paredes de los baños de las escuelas, alertando sobre nuevos ataques armados.
El gobierno santafesino anunció que cuando se compruebe la participación de un alumno en esas amenazas, sus padres deberán afrontar el costo de los operativos. Ya se hizo una notificación oficial a una familia de Santa Fe que debe pagar 6.024.944 pesos. Con el correr de los días, el número de padres considerados “solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos”, según los términos del artículo 1754 del Código Civil y Comercial de la Nación, se elevará considerablemente, ya que hay más de 70 sospechosos identificados.
Las autoridades esperan que estas imposiciones de pago sirvan para frenar la ola intimidatoria, como ocurrió años atrás con las amenazas de bombas a las escuelas.
El diario La Nación accedió a información referida al adolescente de 15 años que el 30 de marzo a las 7.15 llegó a la escuela con una escopeta de caza calibre 12/70, fue hasta el baño, desenfundó el arma, la cargó y cuando salió de los sanitarios atacó a tiros a otros estudiantes.
Ian Cabrera fue el primero que se le cruzó: recibió un impacto de proyectil en la cabeza y se desplomó, ya sin vida. A su alrededor, otros ocho compañeros sufrieron lesiones por impacto de los perdigones o por los golpes de las caídas mientras intentaban llegar a la calle y escapara.
La decisión de un portero, que cuando vio que el tirador intentaba recargar la escopeta se arrojó sobre él y lo redujo, evitó que la masacre fuera mayor.
