El exdiputado provincial Luis Gerónimo Cisnero, quien ya estaba imputado por asociación ilícita y contrabando agravado de granos a gran escala, recibió en las últimas horas un nuevo revés judicial: la Justicia federal amplió la imputación en su contra al acusarlo de intentar sobornar a un auxiliar fiscal de Tartagal.
La Sede Fiscal Descentralizada Tartagal y la Fiscalía de Distrito de Salta lo imputaron por los delitos de cohecho agravado y tenencia ilegítima de arma de fuego. Según la investigación, el exlegislador habría ofrecido dinero -a través de un intermediario- para influir en el proceso judicial en el que ya se encontraba involucrado.
En una audiencia de formalización realizada este jueves ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Soledad Hernández, se resolvió además revocar la libertad bajo caución real de 500 millones de pesos que le había sido otorgada previamente y ordenar su prisión preventiva por el plazo de 60 días.
La misma medida alcanzó a un segundo imputado, identificado como J.M.A., señalado como intermediario en la maniobra, quien fue acusado de cohecho agravado en concurso real con asociación ilícita.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal general Eduardo Villalba y la fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la investigación principal, en la que también hay otras cinco personas imputadas.
Durante la audiencia también se autorizó el avance de peritajes sobre dispositivos electrónicos secuestrados en allanamientos realizados el martes pasado, luego de detectarse el presunto intento de soborno.
De acuerdo a lo expuesto por la fiscal Orsetti, el intento de soborno no fue un hecho aislado, sino una maniobra planificada para llegar al auxiliar fiscal mediante vínculos personales.
La investigación señala que, tras identificar al funcionario judicial que había intervenido en una audiencia previa de su causa, Cisnero intentó contactarlo primero a través de una persona cercana a su entorno familiar, sin éxito. Luego, el intermediario J.M.A. logró acceder a un amigo del auxiliar fiscal y concretar un contacto.
El episodio clave ocurrió el sábado pasado, cuando el intermediario interceptó al funcionario a la salida de un gimnasio en General Mosconi y le propuso mantener una conversación dentro de un vehículo. El auxiliar fiscal, advertido de la situación, registró el encuentro con una grabadora oculta.
Según se ventiló en la audiencia, durante ese diálogo se ofreció dinero a cambio de influir en el resultado de una audiencia clave prevista para el 23 de junio, instancia en la que la fiscalía debe formalizar la acusación en la causa principal.
Para el Ministerio Público Fiscal, la maniobra evidencia un intento concreto de interferir en el sistema judicial. Los fiscales calificaron el caso como de “inusitada gravedad institucional”, una valoración que fue compartida por la jueza Hernández al momento de resolver.
La magistrada fundamentó su decisión en el riesgo de fuga y, especialmente, en la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, aspectos que consideró no podían ser neutralizados con medidas alternativas como la caución.
Cisnero se encuentra bajo proceso desde el 23 de septiembre del año pasado, cuando fue detenido e imputado por asociación ilícita y contrabando agravado en el marco de una investigación por una presunta operatoria de contrabando de granos a gran escala.
Posteriormente, obtuvo el arresto domiciliario y, más tarde, la libertad bajo caución real, beneficios que quedaron sin efecto tras la nueva imputación.
En los procedimientos realizados en Campamento Vespucio, Tartagal y el barrio privado Green House de General Mosconi, se secuestraron vehículos, dinero en efectivo en distintas monedas, dispositivos electrónicos, documentación y objetos de valor.
El avalúo preliminar de los bienes incautados asciende a más de 584 millones de pesos. Entre los elementos hallados se incluyen sumas importantes en pesos y dólares, joyas, una barra de oro, vehículos de alta gama y un arma de fuego calibre .22 con municiones.
La investigación continúa en curso mientras se analizan los dispositivos secuestrados, en busca de nuevas pruebas que permitan avanzar en la causa.
