Organizaciones, familias y trabajadores se movilizan este miércoles en el Congreso para exigir la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Denuncian el congelamiento de prestaciones, recortes en pensiones y el posible veto del Gobierno de Javier Milei a los proyectos que garantizan derechos esenciales.
Política03 de junio de 2025
Luciano Zavattaro
Este miércoles, familias y organizaciones de personas con discapacidad se congregarán frente al Congreso para reclamar la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca mejorar las asignaciones y prestaciones en salud, educación y transporte. La Cámara de Diputados debatirá esta ley, junto con otros proyectos, pero el Gobierno ya ha anticipado su intención de vetar cualquier avance en estos temas.
Las concentraciones, que se realizarán en las inmediaciones del Congreso, no solo reunirán a grupos que defienden los derechos de las personas con discapacidad, sino también a jubilados, profesionales de la salud, científicos del Conicet, estudiantes y docentes universitarios. Estos últimos se suman a la marcha del "Ni una menos" programada para el 4 de junio, con el objetivo de visibilizar el rechazo al ajuste del Gobierno de Javier Milei.
La propuesta impulsada por el diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, busca abordar el congelamiento de las prestaciones desde octubre de 2024. "La situación es crítica", afirmó Pablo Molero, cura y coordinador del Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Destacó que, debido al congelamiento de haberes, los trabajadores han perdido un 70% de su poder adquisitivo frente a la inflación y muchas instituciones no pueden cubrir sus costos operativos.
Molero también criticó la postura del Gobierno respecto a la eliminación de pensiones por discapacidad, advirtiendo que podría afectar a alrededor de 200,000 personas que dependen de este apoyo. "No podemos estigmatizar a quienes reciben pensiones como si fueran ladrones", enfatizó.
El coordinador del foro subrayó que la actual revisión de pensiones está generando angustia entre las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a enfrentar recortes en ayudas vitales para sus hijos con discapacidad. "El Estado no puede evadir su responsabilidad", afirmó.
Por último, defendió a Ian Moche, un niño activista de 12 años con trastorno del espectro autista (TEA), quien fue atacado por sus comentarios sobre la actitud del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Este último, según Moche, afirmó que "su discapacidad no es un problema del Estado". Molero respaldó al joven, enfatizando que "el Estado debe ser un reflejo de lo que la sociedad desea: cuidar a los más vulnerables".
En medio de estas tensiones, el presi
dente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, denunció la convocatoria de la sesión del miércoles, acusando al kirchnerismo y sus aliados de intentar elevar el gasto fiscal sin transparencia. El impacto estimado de las propuestas sobre el PIB también fue objeto de críticas por parte del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiterando que el Gobierno se mantendrá firme en su intención de vetar las nuevas leyes propuestas.
Con una amplia movilización en puerta, el futuro de la Ley de Emergencia en Discapacidad y otros beneficios esenciales para los ciudadanos sigue siendo incierto, mientras las familias esperan respuestas y soluciones del Estado.
Tras meses de tensiones, la expresidenta y el gobernador bonaerense iniciaron una estrategia conjunta de cara al cierre de listas del 19 de julio. Aunque el acuerdo no está cerrado, buscan evitar una fractura que favorezca a Milei y al PRO.
Tras la media sanción en Diputados, el presidente Javier Milei ratificó que vetará cualquier ley que afecte el equilibrio fiscal. El Gobierno acusa a la oposición de impulsar una “demagogia populista” y refuerza su compromiso con el superávit.
