Nueva ordenanza posiciona a Yerba Buena como referente en transparencia gubernamental

La iniciativa obtuvo el respaldo de los concejales Gabriela Garolera, Franco Marigliano, Agustina Simón Padrós y Mauricio Argiró. En tanto, María Mercedes Moraiz, Rafael Olea, Walter Araoz y Álvaro Apud se pronunciaron en contra de la propuesta.

Ante la igualdad de votos, la definición quedó en manos del presidente del Concejo Deliberante, Javier Jantus, quien ejerció su voto de desempate y permitió la aprobación definitiva de la ordenanza.

Alcance de la nueva normativa

La ordenanza comprende a una amplia franja de funcionarios municipales. En el Departamento Ejecutivo alcanza desde el intendente hasta los directores de las distintas áreas, mientras que en el ámbito legislativo incluye a los concejales y a los prosecretarios del Concejo Deliberante.

Entre sus principales disposiciones, establece la obligación de presentar un examen toxicológico previo a la asunción del cargo. Asimismo, los funcionarios deberán someterse a controles periódicos, anuales y aleatorios durante el ejercicio de sus funciones.

Los estudios deberán ser efectuados por laboratorios públicos o privados debidamente habilitados, garantizando la cadena de custodia de las muestras. La norma también contempla que los resultados sean tratados como información sensible, bajo estrictas condiciones de reserva y confidencialidad.

Medidas ante resultados positivos

El texto aprobado prevé que, en caso de un resultado positivo, el funcionario involucrado tendrá derecho a solicitar una contraprueba en un laboratorio distinto. Si el resultado se confirma, será apartado preventivamente de sus funciones por un período mínimo de 90 días hábiles.

Además, deberá acreditar el inicio de un tratamiento orientado a su recuperación. La reiteración de una situación similar o el incumplimiento de las medidas terapéuticas establecidas podrá ser considerado una falta grave y derivar en un eventual proceso de destitución, conforme a los mecanismos legales vigentes.

Un debate atravesado por la preocupación por el narcotráfico

La aprobación de la ordenanza se produjo en un contexto marcado por la investigación vinculada al secuestro de 470 kilos de cocaína en Tucumán, un caso que generó preocupación pública y reavivó el debate sobre las estructuras logísticas asociadas al narcotráfico.

Si bien hasta el momento no existen funcionarios ni dirigentes políticos imputados en esa causa, el episodio impulsó nuevas discusiones sobre los niveles de control, transparencia y responsabilidad que deben cumplir quienes ocupan cargos públicos.

En ese marco, la medida adoptada por el Concejo Deliberante de Yerba Buena busca reforzar los mecanismos de control institucional y promover mayores estándares de integridad en el ejercicio de la función pública, mediante la implementación de controles toxicológicos obligatorios para sus autoridades y funcionarios.