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La desaparición y presunta muerte de la pequeña en Lules revela una cadena de falta de protección sobre la cual el Estado deberá rendir cuentas.
Policiales03 de julio de 2021La desaparición de la pequeña Rocío Milagro Rojas, de cuatro años, dejó un tendal de preguntas -aún sin responder- sobre el rol del Estado en el cuidado de los más indefensos.
Todas las sospechas apuntan a que la niña fue asesinada y, luego, su cuerpo quemado para esconder las evidencias y lograr que los asesinos salgan impunes. Pero ¿Cómo llegó la criatura a manos de quien, hoy, se sospecha son sus homicidas?
La niña es hija de Mayra Rojas, pero no vivía con ella. Dos llamadas “madrinas” estaban a cargo de la pequeña: Carolina Graneros (39) y su hija, cuya identidad no trascendió. Las mujeres, junto a sus respectivas parejas, también tenían al hermanito de Rocío, un bebé de un año y nueve meses que ya está a salvo. Pero ¿Cómo llegaron los niños a vivir con estas personas, que no eran sus familiares y que hoy están acusados de haberla matado y quemado su cuerpo?
Carolina Graneros, la “madrina” denunció en Lules la desaparición de Rocío el jueves 1 de julio por la tarde. Dijo que la vio por última vez a la mañana. Lo cierto es que los vecinos no recuerdan haberla visto ese día. De inmediato, se desató un operativo policial de búsqueda de personas descomunal: más de 200 efectivos “peinaron” la zona, entrevistaron a los vecinos, reunieron evidencia y siguieron a uno de los miembros más confiables de la Policía de la Provincia: la perra Wanda, experta en búsqueda de personas. El animal, ya grande y con experiencia en esta tarea, nuevamente fue implacable en su trabajo. Llevó a los investigadores al sitio donde se hallaron restos carbonizados, que todavía están siendo analizados por peritos.
De manera paralela, uno de los miembros de esa casa del horror, se quebraba. Según fuentes judiciales, relató que Rocío fue abusada por uno de los hombres y luego asesinada. Dijo que mataron a la niña, la llevaron a una zona conocida como “El Bajo”, cerca del asentamiento San Ramón y le prendieron fuego a su cuerpo.
La macabra tarea fue realizada con bastante éxito: quedaron pocos restos del cuerpo de la niña. Luego, se desplazaron hasta cerca del puente del Río Colorado, donde también se encontró evidencia. La perra Wanda y el testigo clave coincidían, el hallazgo de partes óseas en el lugar indicado y otros elementos (presuntamente de la niña), terminaban de confirmar la hipótesis: Rocío había sido asesinada.
En el barrio, mientras tanto, comenzaba el ataque contra la casa de las “madrinas”. Acá entra en juego otra rama de la familia de la pequeña, la paterna. Aunque el progenitor de Rocío está preso, sus hermanas y primas intentaron hacer, en sus propias palabras, “justicia por mano propia”. Fueron detenidas en medio de la trifulca y luego liberadas.
Mientras todo esto ocurría, Mayra pedía por favor que rescaten a su otro hijo, el bebé de un año y nueve meses que vivía con su hermanita y los presuntos asesinos. Allí fue la policía y logró traer al niño. Fue trasladado a la comisaría de Lules y Mayra, pese a sus pedidos desesperados, no pudo acercarse a él.
Le dijeron que debían esperar una orden judicial para permitírselo. El bebé pasó varias horas en la comisaría. Desde afuera, se escuchaba su llanto. La madre pegaba saltos por una ventana, se pegaba a las paredes de la dependencia policial, se desvanecía, recobraba el conocimiento, volvía a pedir verlo pero todo fue inútil. Cuando caía la noche, el pequeño fue sacado de la comisaría y llevado hacia un sitio desconocido para la madre.
Mayra permaneció en la plaza de Lules, frente a la comisaría, toda la tarde del viernes. Al principio, sus familiares no querían que se enterara de lo que ya era un secreto a voces en toda la provincia: que Rocío había sido asesinada. Pero fue imposible. Cerca de las 3 y media de la tarde, la rodearon y se lo dijeron. Mayra se descompuso. Dos horas más tarde, alguien de la comisaría salió y le dijo que no le podían confirmar el fallecimiento de su hija y que dejen de escribir en las redes sociales que estaba muerta. Mayra recuperó la esperanza.
Pero, con el correr de las horas, el rumor era cada vez más fuerte. La Justicia no le informaba nada. Sin psicólogo, sin ningún empleado judicial que le explicara nada, sin siquiera un llamado telefónico para ponerla al tanto de la investigación, Mayra vio anochecer en la plaza, abofeteada por rumores de los más diversos, sin saber si su hija se presumía muerta o todavía estaba siendo buscada con vida. La noche comenzaba a caer y la helazón se acercaba y nada. Ni una voz oficial. Mayra se fue a dormir sin saber si su hija estaba pasando frío en el monte o estaba muerta.
Mayra Rojas es una mujer joven que, además de Rocío, tuvo otro bebé con el mismo padre, cuyo nombre no trascendió. Vivían en la zona de El Manantial, junto a dos hijas de la mujer, también menores de edad. Mayra descubrió -según sus propias palabras- que el padre de Rocío abusaba sexualmente de sus hijas mayores, de 8 y 10 años, producto de una relación anterior. Lo denunció y el hombre fue preso.
Luego, ocurrió el desastre: Mayra perdió la tenencia de Rocío y de su hermanito menor. ¿Cómo? Es una de las preguntas, todavía, sin respuesta. La mujer asegura que la internaron en marzo por un problema grave de vesícula y, estando hospitalizada, se enteró de que sus vecinas se habían llevado a los niños. Asegura que salió del hospital sin que le dieran el alta y comenzó su peregrinar para recuperar a sus hijos. Intentó asentar una denuncia en la comisaría 8, de Barrio San Martín pero, señala, no se la quisieron tomar.
Mayra es analfabeta. Ella dice que sabe que hay “papeles”, pero que no entiende qué dicen. No saber leer y escribir es mucho más que no comprender lo que está plasmado en una hoja: implica no comprender, básicamente, los marcos legales ni los trámites que se deben seguir en cada ocasión.
Incluye, además, no tener habilidades básicas como poder mandar un mensaje o manejar con fluidez un teléfono, que tampoco tiene, por su extrema pobreza. La oscuridad de las letras va mucho más allá de no comprender el lenguaje escrito, afecta el desarrollo y la defensa de una persona hasta límites insospechados.
Lo cierto es que a Mayra le quitaron sus hijos menores. Ella señala que, para hacerlo, las “madrinas” le hicieron una denuncia indicando que no podía cuidar de ellos por haber atentado contra su vida. ¿Es eso verdad? Y, en caso de que sea verdad, ¿Por qué la Justicia resolvió entregárselos a personas que no eran familiares?
Las llamadas “madrinas” que se quedaron con los niños son dos mujeres, madre e hija de apellido Graneros, que conocieron a Mayra tiempo atrás. Vivían en el Manantial, eran vecinas y, además, amigas. Primero, María Carolina (la mayor) le pidió ser madrina de Rocío. Luego, la menor le pidió que el bebé (que hoy tiene un año y nueve meses) fuera su ahijado.
Mayra aceptó: confiaba en ella y las quería. Luego, las mujeres se mudaron de El Manantial a Lules, junto a los niños y sus respectivas parejas: Edgardo Hernán Caro (36) y Mauro Ortiz (21). Se afincaron en una construcción precaria en un barrio que recién se estaba construyendo: el llamado Ampliación Chabela. Se trata, en realidad, de un asentamiento en el que varias personas ingresaron sin ser propietarias, lotearon y comenzaron a edificar. Queda al borde de un monte y carece de los servicios básicos para vivir.
Entonces, surge la siguiente pregunta: ¿la justicia estaba al tanto del sitio donde fueron a parar los niños? ¿Se les hizo un seguimiento para asegurarse de que estuvieran contenidos, cuidados y queridos por estas dos parejas que se los llevaron a Lules? ¿Fueron asistentes sociales a verificar su estado?
Algunos vecinos contaron que a Rocío se la escuchaba llorar mucho y que su delgadez era notoria, que una vez vieron cómo la bañaban con agua fría al aire libre, retándola por haberse orinado encima. ¿El Estado nunca detectó esto? Y si el Estado no estaba al tanto ¿Por qué no quiso enterarse cuando Mayra intentó hacer la denuncia en la comisaría 8?
Pero la pregunta más importante es ¿hizo el Estado las averiguaciones y pericias correspondientes sobre las cuatro personas que estaban a cargo de los niños? ¿Estaban en condiciones de cuidar de ellos? ¿Por qué, teniendo una familia tan numerosa, no quedaron al cuidado de alguna de las tías o las tías abuelas?
Hoy, tras la desaparición y supuesto hallazgo de sus restos, la “madrina”, su pareja y su yerno están detenidos, acusados haber abusado de ella, haberla matado, haberle prendido fuego a cuerpo e intentado ocultar los pocos restos carbonizados que quedaron. ¿Era indetectable una personalidad capaz de cometer semejante atrocidad con una niña?
La crónica de la corta vida de Rocío termina con un interrogante que excede el plano criminal: ¿Cómo llegó a vivir con quienes le causaron la muerte?. Tras el velorio, la investigación penal y el juicio, la duda persistirá ¿Cuántos niños, separados de sus padres, están siendo monitoreados y cuidados por el Estado que, en teoría, debe velar por su seguridad?
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