Un presunto faltante de $600.000 en el cobro de una multa por alcoholemia derivó en un pedido formal de investigación dentro del Tribunal Municipal de Faltas. La presentación fue realizada por Gerardo Poliche Iturbe, juez de la Sala VI, quien puso en conocimiento de la presidencia del organismo una posible irregularidad vinculada al manejo de los fondos recaudados.
La situación salió a la luz luego de que, en abril de 2026, el abogado de un infractor se presentara ante el magistrado para advertir que su cliente había abonado $1.900.000, pese a que en los registros oficiales solo figuraba un pago de $1.300.000, monto correspondiente a la sanción impuesta por una infracción de alcoholemia.
Frente a esa diferencia de $600.000, el juez solicitó la apertura de una investigación para determinar qué ocurrió con el dinero que, según la versión del sancionado, fue entregado al momento de efectuar el pago.
De acuerdo con la exposición realizada por el abogado, el efectivo habría sido entregado directamente a un empleado que se encontraba atendiendo en el mostrador de ingreso de la sede del Tribunal Municipal de Faltas ubicada sobre avenida Avellaneda. El letrado sostuvo que, en ese momento, ese trabajador era la única persona que prestaba funciones en el lugar.
La inconsistencia entre el importe asentado en el libro del Corralón Municipal y el monto que el infractor afirma haber abonado motivó que Poliche Iturbe elevara un informe al presidente del Tribunal Municipal de Faltas, Fabián Lizondo Ruiz, solicitando que se esclarezcan los hechos y se revisen los mecanismos de control interno del organismo.
En su presentación, el magistrado aclaró que el pedido de investigación no implica validar la versión del infractor, aunque consideró indispensable avanzar con las actuaciones para determinar si existió alguna irregularidad en el circuito de cobro y establecer el destino del dinero cuya diferencia fue advertida.
El juez sostuvo que la medida apunta a esclarecer los hechos a partir de la discordancia entre la documentación oficial y el relato aportado por el condenado, con el objetivo de determinar si hubo un error administrativo o un eventual desvío de fondos.
