La ciudad de Yerba Buena dio un paso inédito en materia de control institucional con la promulgación de la Ordenanza N.º 2544, que establece la realización obligatoria de exámenes toxicológicos preventivos, periódicos y aleatorios para funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante. La iniciativa fue impulsada por la concejal Gabriela Garolera y quedó oficialmente en vigencia tras la promulgación del intendente Pablo Macchiarola.
La normativa, conocida como NarcoTest, alcanza a las máximas autoridades del municipio, entre ellas el intendente, secretarios, directores, concejales y prosecretarios. Además, dispone que los estudios sean efectuados por laboratorios habilitados, bajo protocolos que garanticen la confidencialidad de los resultados y el derecho a una contraprueba.
Con esta decisión, Yerba Buena se posiciona como el primer municipio de Tucumán en implementar un sistema de controles toxicológicos obligatorios para quienes ejercen funciones públicas, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la responsabilidad institucional y la confianza de los vecinos.
La ordenanza parte del principio de que quienes administran recursos del Estado y adoptan decisiones que impactan en la comunidad deben acreditar condiciones adecuadas para el desempeño de sus cargos, incorporando mecanismos de control que contribuyan a una gestión más transparente.
La entrada en vigencia del NarcoTest también reabre el debate sobre la posibilidad de extender este tipo de controles al resto de la provincia. La medida plantea un desafío para los demás municipios y comunas rurales, que ahora deberán definir si avanzan con iniciativas similares.
En ese mismo sentido, distintos sectores consideran que la discusión debería trasladarse a la Legislatura provincial para analizar la implementación de una norma de alcance general que incluya a ministros, legisladores, intendentes, concejales y demás autoridades públicas.
Los impulsores de la iniciativa sostienen que un régimen provincial, con reglas uniformes, controles independientes y sin excepciones, permitiría garantizar los mismos estándares de transparencia en todo el territorio tucumano. Con la promulgación de la ordenanza, Yerba Buena se convirtió en el primer municipio en dar ese paso y abrió un debate que ahora podría extenderse al resto de la provincia.
