La revisión de la situación financiera interna de la UCR Tucumán puso el foco ahora sobre los aportes partidarios obligatorios de dirigentes que ocupan o ocuparon cargos en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán.
El análisis se inició luego de advertirse que los legisladores José Manuel Cano y Silvia Elías de Pérez no figuran en el balance de la UCR Tucumán como morosos respecto del cumplimiento de esos aportes. A partir de esa situación, se avanzó sobre la documentación correspondiente a los concejales capitalinos para determinar si existen obligaciones pendientes o aportes que no hayan sido acreditados.
Según surge del informe elevado oportunamente, el exconcejal Francisco Argañaraz registra una deuda correspondiente a los años 2022 y 2023 por un total de $519.828,98 en concepto de aportes partidarios.
La documentación también menciona a los actuales concejales Federico Romano Norri (h), José María Canelada y Leandro Argañaraz. De acuerdo con el informe, los aportes correspondientes a estos dirigentes no aparecen acreditados, pese a que habrían firmado la cesión de haberes destinada a cumplir con esas obligaciones partidarias.
Por ese motivo, el documento plantea que los tres dirigentes también podrían encontrarse alcanzados por una situación de morosidad, aunque la determinación definitiva dependerá de la verificación de los registros contables y de la acreditación efectiva de los pagos.
Dentro del grupo analizado aparece una situación diferente. El concejal Gustavo Cobos habría continuado realizando aportes por $100.000 mensuales, incluyendo el proporcional correspondiente al aguinaldo.
Según la información consignada en el informe, esos pagos se mantienen hasta tanto se establezca cuál es el monto correcto que debería figurar en las boletas de sueldo y, en consecuencia, cuál debería ser la base utilizada para determinar el aporte partidario.
El dato introduce una diferencia respecto de los demás casos relevados, ya que Cobos aparece, según el informe, como el único concejal que habría mantenido de manera efectiva los pagos mensuales mientras se busca determinar el importe definitivo.
La revisión de estos antecedentes vuelve a poner bajo la lupa el sistema de aportes obligatorios dentro del radicalismo tucumano y, particularmente, el cumplimiento de esas obligaciones por parte de dirigentes que ejercen cargos públicos.
El informe establece diferencias entre quienes registran deudas, quienes tienen aportes cuya acreditación no aparece reflejada en la documentación analizada y quienes continúan efectuando pagos mensuales.
La situación deberá ser contrastada con los registros contables partidarios, las cesiones de haberes suscriptas por los dirigentes y las constancias bancarias correspondientes. De esa documentación dependerá establecer con precisión quiénes se encuentran efectivamente en mora y cuál es el monto de las eventuales obligaciones pendientes.
El análisis, además, vuelve a instalar una pregunta dentro de la estructura partidaria: ¿los mecanismos previstos para garantizar el cumplimiento de los aportes obligatorios están funcionando de manera uniforme para todos los dirigentes? La respuesta deberá surgir de la documentación oficial y de los registros contables de la UCR Tucumán.
