El fiscal rechazó el sobreseimiento de Cristina Kichner en la causa Los Sauces y Hotesur

El fiscal federal Diego Velasco se opuso a los pedidos de Cristina Kirchner y sus hijos para ser sobreseídos en los casos Hotesur y Los Sauces, en los que son investigados por lavado de dinero.

En un dictamen de 72 páginas remitido a los jueces del Tribunal Oral Federal 5, Velasco consideró que los hechos bajo investigación deben ser juzgados en un juicio oral y público, y que todavía hay prueba pendiente para ser incorporada en la causa.

Cuestionó el planteo formulados por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, al que se plegaron las defensas de los demás acusados en este proceso, entre quienes se encuentran Lázaro Báez, Fabián De Sousa, Cristóbal López y Osvaldo Sanfelice, entre otros.

Los abogados habían planteado que para juzgar un delito como el lavado de dinero se requiere que exista una condena por el delito precedente. Y señalaron que las denuncias y expedientes sobre la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez fuero cerradas o desestimadas en la justicia de Santa Cruz. El considerado delito precedente de las maniobras de lavado se investiga actualmente en la causa Vialidad, cuyo juicio oral se encuentra en curso.

Otro elemento del planteo formulado por Beraldi había sido, además, que los negocios hoteleros de la familia Kirchner eran legales, y que los pagos recibidos por Los Sauces S.A de parte de las empresas de Báez, López y De Sousa estaban bancarizados y fueron efectuados mediante cheques o transferencias bancarias. “Este argumento deberá ser desestimado por VVEE por no importar hechos novedosos, relevantes o evidentes por si mismos que ameriten la aplicación de lo dispuesto en el articulado procesal invocado por la parte”, consideró Velasco al respecto.

El fiscal sostuvo, además, que todavía hay medidas de prueba en curso. “Varias medidas de prueba todavía se encuentran en curso –pericias contables, tasaciones, informes, etc.- e incluso algunas de ellas son retaceadas por ciertos organismos públicos provinciales –Municipalidad de Rio Gallegos y Calafate-, que no hacen más que confirmar su importancia, y su restricción en este momento afectaría gravemente los derechos de esta parte, privando incluso al sentenciante el abordaje íntegro del plexo probatorio”, dijo. Y cuestionó el carácter del planteo de los abogados, destinado a impedir la instancia del juicio oral y público.

“Sres. Jueces nos encontramos frente a una paradoja en la cual se pretende, so pretexto de un derecho falazmente invocado, volver a un proceso escrito convirtiendo a Jueces de Tribunal Oral en los derogados jueces de sentencia, retrotrayendo el proceso 30 años pero incluso con menos posibilidades de las que tenía ese Juez quién podía abrir a prueba”, cuestionó el fiscal.