Conflicto entre Girsu y Moviser SRL: reclamos millonarios y acusaciones sobre fondos desviados

El enfrentamiento entre el Consorcio Público Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) y la empresa Moviser SRL ha escalado, con la firma de Yerba Buena exigiendo un pago de $ 3.600 millones por una supuesta deuda.

Mientras Moviser denuncia que Girsu retiene fondos críticos para salarios, el consorcio desmiente la obligación, advirtiendo sobre las tensiones laborales en la planta de San Felipe.

La disputa surge días después de que Moviser perdiera la licitación a favor de la UTE Polo Ambiental de Tucumán, formada por Esur SA y Ciageser SA. En una comunicación reciente, el socio gerente de Moviser, Máximo Ignacio Jiménez Montilla, solicitó que el organismo efectúe el pago “de forma inmediata” por servicios que, según la empresa, no han sido compensados.

Pago adeudado y acciones legales

La carta detalla un anticipo de $ 600 millones correspondiente a abril y un saldo total de $3.600 millones, resultado de discrepancias en documentación anterior. Moviser advierte que, si no se cumple con el pago, iniciará acciones legales, argumentando que este capital es vital para cubrir obligaciones laborales y fiscales, y atribuyendo al Consorcio la responsabilidad por cualquier daño resultante.

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Por otro lado, la presidenta de Girsu, Eugenia Andrade, ha desmentido la validez de las cifras presentadas por Moviser. “Desconocemos esa suma por completo”, apuntó, añadiendo que la empresa no cumplió con varias cláusulas contractuales y que se aplicaron deducciones apropiadas. “Estamos al día”, enfatizó Andrade, indicando que documentos faltantes han suspendido los plazos de pago.

Dinero desviado y protesta de trabajadores

La presidenta incluso acusó a Moviser de no haber utilizado un adelanto de $300 millones, otorgado excepcionalmente para pagar sueldos al personal, lo que ha desencadenado protestas en la planta. Desde Girsu se sostiene que este adelanto no estaba contemplado en los contratos vigentes, aunque se realizó para evitar un mayor conflicto laboral.

El conflicto ha llevado a la paralización del transporte de residuos en la planta de San Felipe, lo que pone en riesgo la logística de recolección metropolitana. En medio de esta crisis, se rumorea que el Consorcio podría presentar una demanda contra Moviser por posible administración indebida de fondos públicos.

Con un juicio en perspectiva y un cambio de prestador aún no concretado, esta situación promete intensificar el enfrentamiento institucional, afectando la gestión de residuos en el Gran San Miguel de Tucumán. La lucha por la responsabilidad financiera y la calidad del servicio de recolección de residuos continúa en el centro de la controversia.