La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) convalidó que se analice si se agrava la condena para el presidente de una compañía azucarera y su gerente general por la contaminación ambiental que provocó a una comunidad de la localidad El Palomar (Santiago del Estero), afectada por el derrame de vinaza.
La vinaza es un residuo industrial de la industria sucroalcoholera. Es un subproducto líquido de alta carga orgánica y ácida que se obtiene tras la destilación del etanol durante la fermentación de melazas, jugos de caña de azúcar u otros azúcares.
Por cada litro de etanol o alcohol producido, se generan entre 10 y 15 litros de vinaza.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó los recursos de las defensas del presidente del directorio de la Compañía Azucarera Los Balcanes, Jorge Alberto Rocchia Ferro, y del gerente de la firma, José Ramón Coronel, que cuestionaban un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que hizo lugar a un planteo de la Fiscalía para agravar la condena dictada en el juicio oral.
La causa se inició por la contaminación del aire y del medio ambiente ocurrida en agosto de 2011 por la descarga de residuos peligrosos derivados de la actividad industrial del Ingenio La Florida, situado en la provincia de Tucumán.
Los responsables de la firma también fueron denunciados por el derrame producido en octubre de 2012 en el canal de drenaje, conocido como “Canal del Este”, de más de 80 millones de litros de vinaza en estado puro proveniente del ingenio. La acusación incluyó un nuevo derrame de vinaza en enero de 2013, que llegó a afectar un canal pluvial denominado Interprovincial del Este, que atraviesa la localidad de El Arenal, en el Departamento de Jiménez, de la provincia de Santiago del Estero, lo que afectó “el curso de agua” y provocó “daño ambiental severo que generó un grave riesgo para la salud”.
En 2023, el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero condenó a 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de contaminación ambiental a Rocchia Ferro y a Ramón Coronel, y les impuso multas de $100.000 y $85.000, respectivamente, una bicoca.
La fiscalía había pedido penas de 7 años y medio y de 6 años y medio para el director y el gerente, respectivamente, y por esto apeló la decisión.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación hizo lugar parcialmente al recurso y consideró que la pena de 3 años de prisión condicional no resultaba “proporcionada a la intensidad antijurídica de los hechos” y ordenó la remisión del caso para que el tribunal de juicio dicte una nueva pena.
Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, que desestimó el planteo, y validó así que se defina una nueva pena.
