La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la ley 27.609, que se aplicó entre 2021 y mediados de 2024, y ordenó reemplazarla por el mecanismo previsto en la ley 27.426, sancionada durante la gestión de Mauricio Macri. La decisión se tomó en el marco de una demanda contra la ANSES y podría tener consecuencias económicas tanto sobre las diferencias acumuladas como sobre la base de cálculo de los haberes posteriores.
El fallo fue firmado este viernes por los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado. Los magistrados revocaron una sentencia de primera instancia que había rechazado el reclamo de Carmen Galletta y dispusieron que su jubilación sea recalculada con la fórmula anterior desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive. A partir de ese momento, el haber deberá empalmar con el régimen de actualización mensual por inflación establecido por el decreto 274/2024.
La resolución tiene una particularidad: la demandante ya había obtenido una sentencia de reajuste jubilatorio en 2014, cuya liquidación fue aprobada en 2019. Sin embargo, la Cámara consideró que ese antecedente no impedía analizar el deterioro que sufrió posteriormente su prestación por la aplicación de otros mecanismos de movilidad.
En los fundamentos, Fantini sostuvo que la fórmula de la ley 27.609, basada en la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria, no contemplaba la inflación ni tenía una cláusula que garantizara un piso de actualización frente a una aceleración de los precios. Según el análisis de la sentencia, esa característica terminó provocando un desfasaje entre los aumentos jubilatorios y el costo de vida.
Para dimensionar el impacto, el fallo comparó la evolución de los haberes entre marzo de 2021 y marzo de 2024. Durante ese período, la movilidad acumuló un incremento del 553,55%, mientras que la variación del IPC utilizada como parámetro de comparación llegó al 1.129,07%. De esa diferencia, los jueces calcularon una pérdida de capacidad de compra cercana al 46,83%.
La sentencia también advirtió que los aumentos posteriores atados a la inflación no alcanzaron para recuperar el terreno perdido. El argumento es que, si una jubilación llega a un nuevo régimen de actualización con una base ya deteriorada, los incrementos siguientes mantienen esa diferencia en lugar de corregirla.
Como mecanismo de recomposición, la Cámara eligió la fórmula de la ley 27.426, que contemplaba aumentos trimestrales con una combinación del 70% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el 30% de la evolución salarial medida por el RIPTE. Los jueces optaron por ese esquema y no por aplicar retroactivamente el régimen actual, porque consideraron que así recurrían a una pauta que ya había sido aprobada por el Congreso.
El monto que eventualmente deberá cobrar Galletta se determinará durante la etapa de liquidación. Para ese cálculo deberán descontarse los importes que ya haya percibido por movilidad, adelantos, recomposiciones y ayudas extraordinarias, con el objetivo de evitar pagos duplicados. Además, la Cámara admitió la excepción de prescripción planteada por la ANSES, una condición que limita las diferencias retroactivas exigibles.
El tribunal también dispuso que se aplique la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central para calcular los intereses y que las costas de ambas instancias queden a cargo del organismo previsional. En relación con los topes jubilatorios, declaró la inconstitucionalidad del artículo 9, inciso 3, de la ley 24.463 si en la liquidación se comprueba que su aplicación provoca una quita igual o superior al 15%.
La sentencia resuelve el reclamo de una jubilada en particular y no establece una suba automática para todos los beneficiarios. Sin embargo, suma un antecedente relevante para los litigios en los que se cuestiona la movilidad de la ley 27.609: la Sala II entendió que ya había transcurrido tiempo suficiente para evaluar los efectos del régimen y concluyó que el deterioro producido durante su vigencia justificaba declarar su inconstitucionalidad.
