Este martes 7 de abril de 2026, por requerimiento de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I al mando de Diego López Ávila, se llevó a cabo una audiencia de formalización de la investigación, formulación de cargos y solicitud de medidas de coerción.
En el acto procesal, el representante del MPF atribuyó a los tres imputados (dos hombres y una mujer) ser presuntos coautores del delito de estelionato.
El engaño y la venta
De acuerdo a la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 12 de mayo de 2022, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Los tres acusados, actuando de manera conjunta y coordinada, aparentaron detentar derechos posesorios legítimos sobre un inmueble ubicado en avenida Roca al 57, en la localidad de Tafí Viejo.
Bajo esta fachada, ofrecieron y posteriormente cedieron los derechos del bien a la víctima, a sabiendas de que carecían de cualquier derecho legal para disponer de dicha propiedad. Para perfeccionar el engaño, los sospechosos exhibieron diversa documentación, incluyendo supuestos boletos de compraventa y cesiones previas.
La Fiscalía remarcó que los acusados omitieron deliberadamente informar a la compradora sobre la existencia de un conflicto legal previo. El inmueble contaba con un proceso judicial por usurpación iniciado en julio de 2020 por los titulares registrales del bien, un expediente en el que incluso dos de los ahora imputados ya figuraban como involucrados.
Perjuicio económico
Como consecuencia de la maniobra defraudatoria, la víctima realizó un importante desembolso patrimonial que incluyó la suma aproximada de USD 10.000 dólares, $500.000 pesos en efectivo y la entrega de una camioneta Fiat Strada modelo 2015. Al verse privada de la posibilidad de acceder a la posesión legítima del inmueble y habiendo entregado sus bienes, la damnificada sufrió un perjuicio económico directo.
Medidas de coerción
Con el objetivo de garantizar el avance de la investigación y el sometimiento de los acusados al proceso, el Ministerio Fiscal solicitó la imposición de medidas de coerción de menor intensidad (reglas de conducta) por un plazo determinado de seis meses.
Tras escuchar a las partes, el juez interviniente hizo lugar a los planteos de la Fiscalía, validando la formulación de cargos bajo la calificación legal de estelionato en calidad de coautores.
