La oposición en la UNT intensifica su estrategia para bloquear una posible reelección de Pagani

La disputa por la renovación de autoridades mantiene en tensión a la Universidad Nacional de Tucumán. En las últimas horas, los sectores que rechazan una eventual nueva postulación del rector Sergio Pagani activaron nuevas acciones para frenar un tercer mandato consecutivo. Mientras el caso avanza en la Justicia Federal, también presentaron un planteo formal ante la Junta Electoral para exigir el control de legalidad sobre las candidaturas del proceso en curso.

El foco del conflicto sigue puesto en la interpretación del estatuto reformado en 2024 y en la posibilidad —cuestionada— de que el actual rector vuelva a competir. En ese contexto, un reciente escrito judicial, firmado por el apoderado Manuel Gonzalo Casas en nombre de Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, respondió a los planteos de la UNT sobre la falta de legitimación activa y reclamó una definición urgente, incluso con habilitación de días y horas inhábiles.

Según los demandantes, la postura de la universidad responde a una estrategia dilatoria destinada a permitir el avance del cronograma electoral hasta instancias difíciles de revertir, como la eventual oficialización de la candidatura de Pagani. En ese sentido, sostienen que el conflicto es “concreto y actual”, ya que impacta directamente en las condiciones de competencia.

En paralelo, la presentación realizada el 8 de abril ante la Junta Electoral refuerza esa línea argumental y traslada la presión al órgano encargado de oficializar las listas. Cabrera y Abdala, en su doble rol de autoridades y candidatos a rector y vicerrectora, reclamaron el cumplimiento estricto del estatuto vigente, especialmente en lo referido al límite de dos mandatos consecutivos.

En ese documento, remarcan que la Junta Electoral tiene la obligación de verificar de oficio la legalidad de las postulaciones, sin necesidad de esperar impugnaciones de terceros. A su criterio, admitir candidaturas que contradigan el estatuto implicaría una omisión irregular y podría derivar en responsabilidades futuras.

El planteo también repasa la reforma estatutaria aprobada por la Asamblea Universitaria en abril de 2024, cuando se descartó la posibilidad de habilitar nuevos mandatos consecutivos. Esa decisión, afirman, quedó reflejada en artículos que establecen de manera expresa el límite de dos períodos para el rectorado.

Los firmantes sostienen que la norma es clara y no admite interpretaciones extensivas, por lo que corresponde su aplicación directa. En esa línea, consideran que se trata de un caso sin ambigüedades, donde la tarea institucional se reduce a hacer cumplir lo ya resuelto por el máximo órgano universitario.

El planteo no se limita al rectorado: advierte que las mismas restricciones alcanzan a decanos y consejeros, y que cualquier candidatura que supere los dos mandatos consecutivos debería ser rechazada.

En el plano judicial, los actores defendieron su legitimación al señalar que no actúan en abstracto, sino en resguardo de derechos propios como candidatos. Argumentan que una eventual nueva postulación de Pagani afectaría la igualdad de condiciones y alteraría el equilibrio democrático dentro de la universidad.

Asimismo, cuestionaron la falta de vías institucionales eficaces dentro de la UNT para resolver el conflicto con celeridad, y pusieron en duda la intervención del Consejo Superior, cuya convocatoria depende del propio rector, a quien consideran parte interesada.

En el tramo final, tanto en sede judicial como administrativa, los demandantes advirtieron sobre el avance del calendario electoral. Con el cierre de listas y los comicios previstos para mayo, señalaron que el paso del tiempo incrementa el riesgo de un daño irreparable.

Por ello, además de exigir rapidez en la resolución judicial, dejaron abierta la posibilidad de impulsar nuevas acciones, incluidas medidas cautelares e incluso la suspensión del proceso electoral si se oficializan candidaturas que consideren contrarias al estatuto.