Tensión entre Tafí Viejo y la Provincia: acusan al Gobierno de castigar financieramente al municipio
La gestión de Alejandra Rodríguez denunció inequidad en la distribución de fondos, tras un reclamo de $ 12.800 millones y en un contexto de tensiones dentro del PJ tucumano.
La disputa por los fondos públicos entre la Municipalidad de Tafí Viejo y el Gobierno provincial sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político.
En medio de un reclamo millonario de la Provincia —por una deuda de $ 12.800 millones tras la salida del municipio del “Pacto Social”—, la administración que encabeza la intendenta Alejandra Rodríguez salió al cruce con duras acusaciones: “Tafí Viejo es castigada por la distribución provincial”, sentenció el fiscal municipal Víctor Schedan, quien apuntó directamente contra la gestión de Osvaldo Jaldo.
La polémica se encuadra en una discusión mayor: ¿se distribuyen de manera equitativa los fondos coparticipables en Tucumán? Según Schedan, la respuesta es un rotundo no. “Desde que asumió el actual gobernador, se observa una clara asfixia financiera hacia Tafí Viejo y una discrecionalidad política evidente. Los recursos no se reparten por necesidad, sino por obediencia”, denunció.
Inequidaddes con trasfondo político
Los datos oficiales revelados por la comuna taficeña exponen una supuesta disparidad alarmante. Durante el último período auditado, Banda del Río Salí —dirigida por el jaldista Gonzalo Monteros— recibió $ 11.746 millones más que Tafí Viejo, a pesar de tener casi 8.000 habitantes y 2.000 viviendas menos.
“La ciudad más poblada del interior tucumano apenas ocupa el quinto lugar en la distribución per capita”, subrayó Schedan. Y agregó: “Mientras Tafí Viejo recibió $ 226.644 por habitante, Banda del Río Salí recibió $400.862. Una diferencia del 77% que carece de toda lógica técnica”.
La denuncia oficial, presentada ante el Tribunal de Faltas capitalino y reforzada mediante un informe exhaustivo de transferencias a siete municipios del Gran Tucumán, pone en cuestión la legalidad y transparencia del sistema vigente.
“Las leyes 7.340 y 8.829 han sido utilizadas para crear un régimen paralelo que le da al Ejecutivo provincial el poder de asignar recursos bajo criterios políticos, sin atenerse a parámetros objetivos”, explicó el abogado municipal.
Una demanda insostenible
El informe también señala otros casos de “favoritismo”: Monteros, dirigido por Francisco Serra (h), encabeza el ranking con $ 704.388 per capita; le siguen Aguilares con $ 470.443, y Lules con $ 240.480. Tafí Viejo, en cambio, se queda atrás, pese a su peso demográfico. “Es un esquema de premios y castigos, donde se favorece a los municipios aliados y se asfixia a los que buscan autonomía”, enfatizó Schedan.
El conflicto, que estalla en plena interna del peronismo tucumano, adquiere tintes políticos mayores. Alejandra Rodríguez responde políticamente a su esposo, el legislador Javier Noguera, dirigente con posicionamientos críticos al jaldismo, y que ha sido desplazado del círculo de confianza del gobernador.
En este contexto, desde la intendencia de Tafí Viejo aseguran que el reclamo provincial por los $ 12.800 millones “no se sostiene ni contablemente ni legalmente”, y que están evaluando estrategias jurídicas para rechazar formalmente el pago.
Mientras tanto, el cruce sube de tono y amenaza con profundizar la grieta dentro del PJ tucumano. La disputa por los fondos podría ser apenas el preludio de una guerra política más amplia rumbo a 2025. En Tafí Viejo no dudan: “Nos castigan por no alinearnos. Pero vamos a defender nuestra autonomía hasta las últimas consecuencias”.
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