Más de 1.000 personas pidieron visitar a Cristina Kirchner y el caso llegó a Casación
El Tribunal Oral Federal 2 recibió una avalancha de solicitudes para ver a la expresidenta en su domicilio. La defensa cuestiona las restricciones al régimen de visitas y reclama por sus derechos políticos.
Más de mil pedidos para visitar a Cristina Kirchner: su defensa apeló las restricciones y define Casación
La casilla de correo electrónico del Tribunal Oral Federal N° 2 colapsó en las últimas horas con más de 1.000 mensajes de personas que solicitaron visitar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio. El aluvión de pedidos se generó luego de que el abogado Gregorio Dalbón, uno de los defensores de la exmandataria, publicara en la red X la dirección oficial del tribunal para gestionar esas visitas.
Intervención de la Casación
El equipo legal de la expresidenta, integrado por Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, presentó un recurso cuestionando esta decisión, al considerar que las restricciones afectan los derechos políticos de su defendida. Argumentan que la medida limita su posibilidad de mantener vínculos con dirigentes, militantes y referentes sociales, al exigir un trámite judicial para cada encuentro.
A raíz del planteo, el Tribunal Oral Federal 2 concedió el recurso y elevó la causa a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá determinar si la normativa impuesta es compatible con los derechos constitucionales de la expresidenta.
Más allá de lo legal
Mientras tanto, el tribunal puso a disposición de los abogados de Cristina todos los correos recibidos con solicitudes de visitas, para que sean ellos quienes canalicen las autorizaciones y evalúen los casos particulares. La defensa, por su parte, insiste en que no se trata solo de un asunto administrativo, sino de una cuestión de fondo vinculada a la participación política de una figura central en el escenario nacional.
El fallo de Casación podría sentar un precedente sobre los límites del aislamiento en casos de prisión domiciliaria que involucran a dirigentes políticos con actividad pública vigente.
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