La Cámara Civil y Comercial Federal rechazó el pedido de Cristina Kirchner para cerrar la demanda por daños al Estado. Es paralela a su condena penal en la causa Vialidad y aún está activa.
Política25 de junio de 2025
Luciano Zavattaro
Cristina Kirchner sufrió un nuevo revés judicial en la causa civil por $22.500 millones del caso Vialidad.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este martes un revés clave en el fuero civil: la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal rechazó su intento de cerrar la causa en la que el Estado nacional le reclama $22.500 millones en concepto de daños y perjuicios por su condena en la causa Vialidad.
La decisión fue tomada por los jueces Guillermo Antelo, Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier de la Sala III, quienes desestimaron el recurso de queja presentado por la defensa de la expresidenta contra la negativa previa del juez de primera instancia.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, la Dirección Nacional de Vialidad impulsó una demanda civil contra todos los condenados por la causa Vialidad. El monto exigido por el Estado asciende a $22.500 millones (equivalentes a 1.125 millones de dólares en la cotización de 2018). Esta demanda es independiente de la causa penal, en la que Cristina ya fue condenada y cumple prisión domiciliaria.
La defensa de la expresidenta había solicitado la "caducidad de instancia", es decir, el cierre del expediente por inactividad de la parte demandante durante más de seis meses. Alegaron que la Dirección de Vialidad no impulsó la causa desde hacía meses.
Sin embargo, los jueces sostuvieron que ese plazo no se cumplió y que una presentación realizada por Carlos Santiago Kirchner —absuelto en el caso penal y también demandado en la causa civil— interrumpió los plazos procesales para todas las partes. Por lo tanto, el reclamo sigue vigente.
A pesar del rechazo, la defensa de la expresidenta, ahora representada por el abogado Luis Goldín, volvió a insistir con otro planteo de caducidad ante el juez de primera instancia. En su escrito, Goldín asegura que el plazo de seis meses se cumplió en marzo de 2025 y que el desinterés del Estado es evidente.
Este nuevo planteo aún está pendiente de resolución.
El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán defendió el aumento de tarifas para taxis y planteó la necesidad de una regulación equitativa para las plataformas digitales como Uber.
Con el apoyo de kirchneristas y libertarios disidentes, la vicegobernadora Verónica Magario habilitó la eliminación del límite de dos mandatos. Ahora el proyecto pasa a Diputados, aunque no contempla a los intendentes.
