Chats extorsivos de piqueteros investigada por la Justicia
Se realizaron 27 allanamientos a dirigentes de organizaciones sociales que fueron imputados por extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta
General 14 de mayo de 2024
Verdadiario
Luego de los 27 allanamientos que se realizaron este lunes en el marco de una investigación por posibles extorsiones de varios dirigentes piqueteros para que manifestantes concurran a protestas, en las últimas horas comenzaron a circular los chats que exponen un presunto sistema de castigos y pagos, por parte de las organizaciones sociales, para acceder a planes sociales y alimentos.
La causa se inició en diciembre de 2023, cuando el Gobierno habilitó la línea telefónica 134 para denunciar presiones de los piqueteros a beneficiarios con el fin de que marchen a las protestas. De acuerdo a la investigación que encabezan el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, se recibieron 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse 2720 y 924 se transformaron en denuncias.
En cuanto a los chats difundidos, se evidencia el mensaje del dirigente Gustavo Vásquez en el que expone que “son muy pocos los que movilizan por conciencia” y, debido a eso, determinó que la “marcha” pasase a ser “obligatoria” y contara como “movilización”.
“De ahora en más yo dejo de ser permisivo”, comentó a los participantes del chat y amenazó que si tenía que “recategorizar” a alguien, lo iba a hacer, para pasarlo a “lista de espera”.
En el ida y vuelta de las conversaciones, Vásquez también le solicitó a una de las personas que presentara una constancia del turno médico para su hija, de manera que la falta a la convocatoria quedara justificada, ante el aviso de que no iba a poder asistir.
Asimismo, en otros chats se describe el sistema de “castigos” por no cumplir con las exigencias de los dirigentes, que no solo incluía la publicación de “listas de castigados” o “sancionados”, sino que también se les daba la posibilidad de “reparar” ese “castigo” a través de hacer diversas tareas.
Como prueba, la fiscalía cuenta con los mensajes donde los referentes o delegados transmitían las sanciones que eran el no retiro de alimentos o el aporte por no asistir a una marcha determinada: “compañeros que tienen 0 movilizaciones y que pasarán a lista de espera”, reza el hallazgo de esos mensajes.
Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
