El Gobierno firmó un millonario contrato con Moderna

Se trata de un suero que ya se aplica en el país luego de que los Estados Unidos le donara 3,5 millones de unidades a la gestión de Alberto Fernández.

Esta donación terminó resultando clave para el Gobierno: no solo le permitió comenzar a vacunar a los menores de 18 años con comorbilidades sino que Moderna fue aprobada para su utilización como segunda dosis de Sputnik V; eso posibilitó completar al menos 1,5 millones de esquemas de vacunación.

Pero al margen de todo esto, la vacuna de esta compañía presenta una particularidad: es la más cara de todas y representará una importante erogación para las arcas públicas.

Según pudo saber el portal de noticias TN.com.ar a través de un pedido de acceso a la información pública, cada dosis de Moderna tiene un valor de U$S21,50, lo que lleva el contrato a un total de 430 millones de dólares.

Este medio pudo saber, además, que al igual que en el caso de AstraZeneca UK Limited, el Gobierno ordenó un adelanto de $12.404.640.000.

El 21 de julio pasado el Ministerio de Salud de la Nación emitió una orden de pago a favor de Moderna Switzerland GmbH por ese monto. Se trata de solo un tramo del contrato, que asciende (al pasarlo a pesos) a una cifra superior a los $41.065.000.000.

Al emitir esta orden de pago la cartera que dirige Carla Vizzotti autorizó expresamente al Banco Nación a poner a disposición del laboratorio internacional esos más de 12 mil millones de pesos. Lo mismo ocurrió con el mecanismo Covax, que exigió para la firma del contrato el pago por adelantado de buena parte del mismo (unos U$S 31.000.000).

En este caso, y en el de AstraZeneca (ya se abonaron U$S 54.000.000), se produjeron importantes retrasos en la entrega de los sueros. El pago de adelantos es un requisito que establecen buena parte de los laboratorios que desarrollan las vacunas para comenzar a trabajar en la producción acordada.

A modo de ejemplo, se trata de una especie de “seña”. Una vez que se suministran los primeros sueros, se abono el resto. De esta forma la de Moderna se convirtió en la vacuna con el valor unitario más alto adquirido por la Argentina, por encima de AstraZeneca (U$S4); Sputnik V (U$S 9,5); CovidShield (U$S 4,1) y Sinopharm (U$S 20 en el primero de los contratos y luego U$S15).

Por el momento se desconoce el valor de las dosis de CanSino y Pfizer. Al igual que ocurrió con el resto de los contratos, el laboratorio Moderna impuso cláusulas de confidencialidad a la hora de firmar el convenio. Estas alcanzan, de acuerdo a la respuesta otorgada por el Ministerio de Salud, “toda la información y conocimientos técnicos, científicos y de otro tipo, secretos comerciales, conocimiento, tecnología, medios, métodos, procesos, prácticas, fórmulas, instrucciones, habilidades, técnicas, procedimientos, especificaciones, datos, resultados y otros materiales, resultados de ensayos preclínicos y clínicos, procedimientos de fabricación, procedimientos de prueba y técnicas de purificación y aislamiento, y cualquier realización tangible de cualquiera de los anteriores, y cualquier plan científico, de fabricación, de marketing y de negocios, cualquier asunto financiero y de personal relacionado con un parte o sus productos, ventas, licenciantes, licenciatarios, proveedores, compradores, empleados, inversionistas o negocios presentes o futuros”.

Es esta cláusula de confidencialidad la que imposibilita que se pueda acceder a una copia del contrato, además de conocer el cronograma de entregas estipulado y datos técnicos sobre la vacuna.

Moderna es una vacuna de ARNm que codifica la proteína Spike (S) y demostró una eficacia superior al 90% contra el coronavirus. Fue habilitada por la EMA para su uso en menores de edad, lo que posibilitó que la Argentina pueda destinar estas dosis a ese grupo etario.

Los 20 millones que arribarán en 2022 podrán ser utilizados para completar la vacunación de los menores que no hayan sido inoculados con el suero de Pfizer o como tercera dosis, siempre que el Gobierno nacional se incline por la aplicación de los refuerzos en médicos y mayores de 60 años con factores de riesgo.

El contrato con Moderna y Pfizer fue sellado luego de que el Gobierno introdujera por decreto modificaciones a la Ley de Vacunas 27.573, que trabó también las negociaciones con Johnson & Johnson, firma con la que aún no se arribó a un acuerdo.

La adecuación de la normativa implicó la supresión de la palabra “negligencia” como supuesto de responsabilidad para los fabricantes, y la creación de un fondo de reparación para afrontar posibles indemnizaciones.