La Corte Suprema eliminó el martes (29.09.2026) las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros en Argentina, un asunto que ha provocado fuertes resistencias en la sociedad al punto de que no ha podido ser tratado en el Parlamento.
La ley de Tierras, aprobada en 2011, establecía que los extranjeros no podían poseer más del 15% de las terrenos rurales del país, con límites también a nivel provincial y municipal.
El presidente Javier Milei la derogó por decreto en diciembre de 2023. Pero un tribunal frenó esa decisión en marzo de 2024, ante una demanda de un centro de excombatientes de la guerra de Malvinas.
Ahora, el máximo tribunal argentino rechazó la demanda porque consideró que esa organización no estaba habilitada para presentar el reclamo.
El pronunciamiento "no supone abrir juicio sobre la validez constitucional" de esa parte del decreto, señala el fallo al que accedió la AFP, aunque especialistas explicaron que la decisión permite aplicarlo en la práctica.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió en X que, a partir de la sentencia, "cualquier persona física o jurídica extranjera o cualquier Estado extranjero pueden comprar toda la tierra rural a donde quieran -incluida las zonas de frontera- sin límite alguno".
El Centro de ex combatientes Islas Malvinas (CECIM), que había presentado la demanda, repudió el fallo: "La Corte resolvió el problema político de Milei. Acaba de poner, este 29 de septiembre, a la República Argentina en venta", señaló en un comunicado.
El gobierno también intentó flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros a través del Congreso este año.
Incluyó los cambios en un proyecto más amplio sobre propiedad privada, pero en agosto retiró ese capítulo porque no reunía los votos necesarios y enfrentaba resistencia entre sus propios aliados y en diversos sectores sociales que se movilizaron contra la norma.
