El fiscal de Cámara Penal Enrique Rojas brindó este miércoles un descargo público para responder a las acusaciones que lo vincularon con una supuesta transferencia de $20 millones destinada a favorecer a una de las partes de un conflicto judicial. El funcionario negó de manera categórica que ese movimiento de dinero haya existido y explicó que la operación real correspondió a un crédito por un monto considerablemente menor.
Rojas recordó que anteriormente se desempeñaba al frente de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana de Concepción y que actualmente cumple funciones en la Fiscalía de Cámara Conclusional N.º 3 de San Miguel de Tucumán. En ese contexto, aseguró que no cometió irregularidades y afirmó que parte de la información que circuló públicamente sobre el caso no se corresponde con la realidad.
Al referirse específicamente a los $20 millones, sostuvo que jamás recibió una transferencia de esa magnitud. Según su explicación, los movimientos económicos que fueron mencionados en las acusaciones se produjeron durante junio, mientras que la denuncia que dio origen al conflicto fue presentada recién a fines de agosto. Por esa razón, consideró que no existe una conexión temporal entre ambos hechos.
El fiscal reconoció, no obstante, haber realizado una operación crediticia con una firma vinculada al exlegislador Luis Brodersen. Aclaró que se trató de una suma mucho menor a la difundida y señaló que los comprobantes habrían sido modificados o interpretados de manera tal que terminaron mostrando un monto superior.
Durante su exposición, Rojas también hizo referencia a una denuncia que presentó luego de recibir, el 13 de septiembre, un mensaje en el que, según relató, le reclamaban que interrumpiera una investigación contra una determinada persona y lo amenazaban con realizar un escrache en su contra si no cumplía con ese pedido.
El funcionario remarcó que dicha investigación no se encontraba bajo su órbita, sino que estaba a cargo del fiscal Gerardo Salas. Por ese motivo, sostuvo que acceder al pedido habría significado intervenir en una causa que no estaba dentro de sus competencias.
Rojas también se refirió a su traslado a San Miguel de Tucumán y rechazó que la medida implique una sanción o una reducción de su jerarquía dentro del Ministerio Público Fiscal.
En ese sentido, aseguró que continúa desempeñándose como fiscal de Cámara Penal, cargo al que llegó mediante un concurso ante el Consejo Asesor de la Magistratura. Explicó que el cambio de funciones tiene como objetivo preservar la transparencia mientras se analizan los hechos y afirmó que la modificación fue solicitada por él mismo.
Además, señaló que puso a disposición del Ministerio Público Fiscal información digital vinculada con sus cuentas bancarias para colaborar con el esclarecimiento de las acusaciones. Según su versión, esa documentación permitió comprobar que la supuesta transferencia de $20 millones no existió.
Durante su descargo, Rojas también defendió el funcionamiento de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana que estaba bajo su responsabilidad.
Explicó que el archivo de una investigación no necesariamente implica el cierre definitivo del expediente, ya que existen mecanismos para revisar esas decisiones. En determinadas circunstancias, agregó, una causa puede volver a investigarse si aparecen nuevos elementos, pruebas o hechos relevantes.
La controversia comenzó a partir de una denuncia y de una serie de publicaciones vinculadas con un conflicto privado que involucra al exlegislador provincial Luis Brodersen, su hijo Leonel Brodersen y Victoria Paradi, pareja de este último.
Paradi había mencionado presuntas transferencias por alrededor de $20 millones hacia cuentas relacionadas con Rojas y planteado posibles vínculos entre esos movimientos y actuaciones judiciales.
En paralelo, Luis Brodersen denunció a su hijo y a Victoria Paradi por presuntas amenazas coactivas y extorsión. La investigación de esos hechos quedó a cargo del fiscal Gerardo Salas, quien dispuso distintas medidas.
Luego de que las acusaciones contra Rojas tomaran estado público, el Ministerio Público Fiscal dispuso su traslado al Centro Judicial Capital, ordenó una auditoría sobre la unidad que estaba a su cargo y promovió una investigación para determinar el origen y las características de las operaciones cuestionadas.
En ese marco, el fiscal decidió brindar públicamente su versión y negar que haya existido la transferencia de $20 millones que se le atribuyó.
