Irregularidades en los comedores financiados por el Estado

El Gobierno Nacional denunció ante la Justicia que la mitad de los comedores comunitarios para personas de escasos recursos financiados por el Estado durante la gestión anterior no pudieron ser auditados ya que no existen o sus direcciones no se corresponden con un centro de asistencia social.

La denuncia fue presentada en los tribunales federales de Comodoro Py por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, a través de la Subsecretaría Legal. El caso recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo, juez candidateado por Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Según el Gobierno, los hechos podrían constituir los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude al Estado y abuso de autoridad. En tanto, la información proviene de una auditoría del Ministerio de Capital Humano sobre el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, creado el 8 de enero de 2020.

Este mecanismo implicaba que los comedores debían inscribirse para luego ser matriculados por dos años. Para seguir recibiendo alimentos, debían revalidar esa matrícula.

La auditoría

El Gobierno auditó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom) debido a que, según la cartera, la gestión anterior "no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería".

La auditoría pudo relevar solo el 52,3% de los comedores, ya que los restantes no pudieron controlarse debido a que un 32% no funciona más como tal; mientras que en 25% de los casos los datos no coinciden con los reales y en casi 16% de los casos en la dirección declarada nunca funcionó un comedor o merendero.

En otros casos, ni siquiera existen nombres de los lugares en el registro, sino que se los identifica apenas con un número de expediente y, al acercarse al lugar, se determinó que no existían.

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